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Vulnerables
Cada vez que la lluvia arrecia, reaccionamos como si fuera inesperada. Como si el territorio nos sorprendiera. Como si la emergencia fuera una anomalía. No lo es.
Antioquia enfrenta una realidad objetiva en materia de riesgo climático. Entre 2019 y 2023 fue el segundo departamento con mayor número de eventos de desastres reportados por la UNGRD: 1.917 emergencias, el 93% asociadas a fenómenos naturales y climáticos. La tendencia, además, es creciente. si entre 2000 y 2010 se registraban en promedio 152 emergencias anuales, en la última década esa cifra se triplicó. Hoy hablamos de cerca de 650 eventos por año.
El fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 dejó casi34 mil personas damnificadas en Antioquia, más de 27 mil viviendas afectadas y 90 mil hectáreas de cultivos dañadas. Solo en 202, los costos estimados por pérdidas e impactos ascendieron a 67 mil millones de pesos. Y la contingencia actual vuelve a mostrar la magnitud del desafío: más de 7.000 personas afectadas, municipios en calamidad pública, miles de niños con escolaridad interrumpida, vías estratégicas bloqueadas, sectores productivos perdiendo millones de pesos cada día.
La pregunta no es si lloverá más. La pregunta es si estamos gobernando el riesgo o simplemente administrando la emergencia.
Porque el problema es la vulnerabilidad acumulada Es la falta de planeación territorial coherente con los mapas de riesgo. Es la inversión de infraestructura sin criterios robustos de resiliencia. Es la ausencia de sistemas de prevención suficientemente financiados. Las emergencias exigen recursos, por supuesto. También exigen rigor institucional. La Constitucional contempla la figura de emergencia económica como mecanismo excepcional y transitorio. Convertirla en instrumento de política pública erosiona la deliberación democrática y aumenta la incertidumbre regulatoria. Y cuando la respuesta descansa casi exclusivamente en ampliar cargas tributarias extraordinarias sobre el sector productivo, el país corre el riesgo de debilitar el mismo motor que necesita para financiar su recuperación.
El riego climático no es solo ambiental. Es fiscal, social y económico. La evidencia del Banco de la República advierte que las pérdidas asociadas al cambio climático podrían representar entre 2% y 8% del PIB nacional a finales de siglo, dependiendo de decisiones que adoptemos hoy. Esa cifra es una advertencia estructural.
Existen caminos distintos. Durante la pandemia y en múltiples contingencias regionales, la articulación público- privada demostró que es posible movilizar recursos, logística y conocimiento técnico con reglas claras y trazabilidad. Mecanismos como Obras por Impuestos y los fondos regionales de cofinanciación han probado que se puede ejecutar inversión social focalizada sin paralizar la actividad económica ni sacrificar estabilidad normativa.
Pero más allá de los instrumentos, lo que está en juego es el enfoque. Reducir vulnerabilidades, aumentar resiliencia y mejorar eficiencia del gasto público no son repuestas coyunturales; son tareas de largo plazo. Antes de ampliar cargas extraordinarias, el país necesita revisar la calidad del gasto, fortalecer capacidades institucionales y anticipar riesgos que ya conoce.
Las emergencias requieren liderazgo y cooperación. También prudencia fiscal e institucional. Atender la contingencia sin debilitar la capacidad productiva es posible se privilegiamos la corresponsabilidad, la eficiencia y la estabilidad de las reglas. Porque gobernar el futuro no es reacción a la tormenta. Es anticiparla.
Juliana Velásquez Rodríguez – presidenta ejecutiva Proantioquia……El Colombiano..febrero 2025
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El amor nos hace libres
Esta semana de experiencia profunda de espiritualidad cristiana, es una invitación para toda la sociedad a detenerse, guardar un espacio de silencio, discernimiento y oración.
En medio de la actividad cotidiana, nos convoca a mirar no solo hacia afuera, sino hacia adentro; a preguntarnos qué estamos construyendo como país y qué papel jugamos cada uno en el destino como sociedad.
La «economía interior» se activa cuando dejamos de culpar siempre al otro y asumimos que el rumbo de Colombia también depende de nuestras decisiones autónomas y responsables. Una estrofa del Himno Nacional recuerda una verdad difícil de olvidar: «La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz».
Una de estas palabras nos invita a pedir perdón por la incoherencia histórica de nuestro sistema político: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23,34). Parte de esta incoherencia ética y oral es la consecuencia de liderazgos políticos sin autoridad, incapaces de servir a todos sin discriminar. son dirigentes que no nos representan, porque su discurso se ha vaciado de compromiso real con la justicia social.
La cruz no solo fue un madero; fue el producto de una política que prefirió sacrificar al justo antes que alterar los privilegios del sistema, y de una estructura religiosa que no se comprometió con el valor y la dignidad del ser humano.
Cuando la política se desconecta del reconocimiento del otro como persona portadora de una dignidad inviolable, se abre la puerta a su instrumentalización. Así, corrupción, indiferencia y violencia se vuelven síntomas de una sola enfermedad: la pérdida de lo humano.
Hoy, Colombia, está atrapada en este círculo vicioso; muchos se «lavan» las manos con las sucias de la corrupción; otros «niegan»; otros «traicionan» las instituciones que juraron respetar; otros «niegan» la verdad para venderse al sistema. Y no faltan quienes, sin criterio, «siguen» el ruido desorientador de multitudes desinformadas y polarizadas. Necesitamos un acuerdo fundamental: ser libres.
La posibilidad de una sociedad justa depende de nuestra capacidad de cargar juntos la cruz de los más vulnerables, sin delegar esa responsabilidad en otros. en la gloria que buscamos no cabe el crucificar al adversario, sino la resurrección junto a aquel que piensa, cree y siente distinto.
«En el Resucitado, Dios nos revela que el amor es la única fuerza capaz de transformar la historia».. León XIV
Padre Diego Marulanda Díaz… Rector general… Universidad Pontificia Bolivariana….Portafolio ..marzo 2026.
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Urabá, la tierra prometida
Hace pocos días celebramos, por primera vez en 50 años, nuestra Asamblea Anual de Afiliados por fuera del Valle del Aburrá. Y el lugar escogido fue Urabá, como un reconocimiento a esta región y sus empresarios e instituciones, a su realidad y sus potencialidades. Urabá es protagonista del futuro.
Urabá es mucho más que un punto en el mapa de Antioquia es el epicentro de una historia de resiliencia y promesas cumplidas. En la ancestral lengua Katío, su nombre resuena con un significado profundo: » la tierra prometida». Un territorio donde confluyen el mar, la biodiversidad, una agricultura potente y una sociedad tremendamente resiliente. Hoy, más que nunca, esta definición cobra vida, porque Urabá, es donde se están cruzando algunas de las decisiones más importantes para el futuro económico de Antioquia y Colombia.
Porque durante décadas, mientras otros hablaban de conflicto o de deuda histórica, Urabá avanzaba, a veces silenciosamente, pero siempre con una tenacidad admirable. Por eso, este es un momento para el reconocimiento de quienes creyeron cuando parecía imposible. A esos empresarios visionarios- precursores de organizaciones como Unibán, Banfrut, Greenland, Agrícola Santamaría, C.I. Tropical, Grupo 20, entre muchas otras- que supeiron ver lo que otros no veían. Ellos desafiaron la geografía, atravesaron montañas y demostraron que Urabá no es el extremo de Antioquia, sino una vibrante puerta de conexión con el mundo. Todos ellos, que con trabajo, perseverancia y visión han sostenido este territorio, merecen nuestra gratitud y profunda admiración.
Ese esfuerzo no ha pasado desapercibido. Hoy, el mundo mira a Urabá. Lo hace la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que anunció que su apoyo para el proyecto de futuro de Urabá asciende a un millón de dólares, un voto de confianza contundente en el potencial de la región. Se suma también el compromiso del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), que brindarán cooperación técnica y explorarán oportunidades de inversión privada en sectores claves.
Esta complementariedad es esencial: mientras unos construyen condiciones institucionales y sociales, otros dinamizan la inversión. Juntos, cubrimos el ciclo completo que maximiza el impacto en la generación de empleo y prosperidad territorial.
En este marco de posibilidades, tuvimos el honor de presentar formalmente a Pro Urabá, plataforma, que nació hace seis años y hoy es una alianza consolidada, liderada por la Cámara de Comercio de Urabá y de la que hacen parte más de 15 empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo de la región. Su misión: atraer inversión, facilitar la llegada de nuevas empresas y fortalecer el entorno de negocios, impulsando el desarrollo industrial, agroindustria y logístico de Urabá.
Urabá es hoy la suma de posibilidad y realidad. Es la demostración de que el desarrollo no se decreta desde el centro; se construye en el territorio, con su gente, sus empresas y sus liderazgos. desde Urabá enviamos un mensaje claro a Colombia.
Antioquia ha sido, y seguirá siendo, una región que cree en el trabajo, en la empresa, en las instituciones y en la colaboración entre lo público y lo privado.
Una región que no responde al ruido con resentimiento, sino con resultados.
Una región que no responde a la estigmatización con confrontación, sino con desarrollo.
Por eso en Urabá reiteramos que es tiempo de elegir el futuro, de defender la democracia y de construir prosperidad colectiva.
Porque si algo nos enseña Urabá es que los territorios que se atreven a imaginar el futuro terminan construyéndolo. Urabá es no solo la tierra prometida, es el lugar de los sueños hechos realidad.
Juliana Velásquez Rodríguez…. presidenta ejecutiva Proantioquia..El Colombiano..marzo 2026.
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Acabando con Ecopetrol
El Gobierno de Gustavo Petro parece experto en montar espectáculos mediáticos y levantar cortinas de humo para distraer la atención pública. Un ejemplo reciente fue la solicitud del ministro de Minas y Energía, Palma, al presidente de Ecopetrol para que entregará un reporte detallado sobre la cantidad de gas natural consumido por las refinerías de la empresa durante 2025 y lo corrido de 2026.
Ese informe, conocido en febrero, confirmó lo que muchos advertían, la reposición de gas natural fue insuficiente para el país. Ecopetrol reportó un déficit de – 14,7 MBPE en 2025, una señal preocupante sobre la seguridad energética de Colombia.
Lo verdaderamente lamentable es que la empresa más importante de los colombianos se está debilitando aceleradamente bajo la ineficiente gestión de su actual presidente, Ricardo Roa. En apenas tres años, las utilidades netas de Ecopetrol han caído cerca de un 73%, mientras la acción pasó de $3.610 a cerca de $1.800.
Las consecuencias para el país son evidentes. Las transferencias al Estado fueron de $58 billones en 2023, pero cayeron a $40 billones en 2024, es decir, $17,9 billones menos.
El panorama se torna aún más oscuro si se consideran los cuestionamientos que rodean a Roa, sanciones en la Procuraduría General de la Nación y la reciente multa del Consejo Nacional Electoral por $5.900 millones, relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Pero más preocupante es que el Gobierno parece haber diseñado una ruta que debilita deliberadamente a Ecopetrol. Una de decisiones que más inquieta es la posible venta de la operación más rentable de la compañía, Permian, en Texas (Estados Unidos). Este activo representa cerca del 15% de la producción total de Ecopetrol, con aproximadamente 115.000 barriles diarios. Desprenderse de esa operación sería un error estratégico que afectaría gravemente la estabilidad financiera de la empresa.
Resulta paradójico que mientras el Gobierno colombiano insiste en su agenda ideológica contra los hidrocarburos, otros gobiernos de izquierda en la región avanzan en sentido contrario. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmado más de 150 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. En México, la presidenta ha anunciado la implementación del fracking como herramienta para fortalecer la producción energética.
Es evidente que la aversión ideológica contra el sector de hidrocarburos es una particularidad del gobierno Petro.
Este sí parece ser el gobierno del decrecimiento económico. No solo permitió que las utilidades netas de Ecopetrol cayeran de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, sino que además llevó al país a un déficit fiscal de 6,4 % del PIB y a un déficit primario de 3,5 % del PIB.
Colombia solo había registrado niveles de déficit similares en 1999 y durante la pandemia.
Se trata de un verdadero autogol a las finanzas públicas. Mientras el gasto del gobierno sigue aumentando, especialmente en burocracia, los ingresos prácticamente no crecen. Entre 2022 y 2025, el déficit primario aumentó 2,6 puntos del PIB, impulsado por un incremento del gasto primario de 2,7 puntos, mientras los ingresos se mantuvieron prácticamente estancados.
Los mercados ya empezaron a reaccionar. El mercado de deuda pública despertó de la “anestesia” generada por las operaciones de manejo de deuda, y las tasas de los TES han subido con fuerza, acercándose al 14 %.
La recuperación de Ecopetrol y de las finanzas del Estado será un enorme reto para los próximos años. La salida pasa por reactivar el sector energético, recuperar la confianza inversionista y fortalecer las alianzas público-privadas.
Porque la evidencia es clara: no existe mejor socio para el desarrollo de un país que el sector privado.
Juan Espinal….. marzo…2026
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