Desde que llegué al Congreso de la República, me he dedicado a defender la Soberanía Energética de todos los colombianos. Fui ponente de la Ley de Transición Energética y de la Ley de Cambio Climático durante el gobierno del presidente Iván Duque (en este camino, debo hacer un reconocimiento especial a un hombre que ha sido indispensable en esta lucha, el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, un gran consejero y maestro).

Tuve también la oportunidad de estar en los Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, donde estudié a fondo la herramienta del fracking, fundamental para aumentar nuestras reservas de gas natural. De igual forma, exploré el potencial de la energía nuclear, una fuente probada a nivel mundial y con grandes posibilidades para Colombia.

Por eso, hoy puedo decir con preocupación, que enfrentamos un verdadero caos energético por culpa del gobierno Petro. Esta semana quedó demostrado, una vez más, que es enemigo declarado del sector energético: emitió el Decreto 44, con el cual impone un nuevo impuesto del 2,5% para recaudar 300 mil millones de pesos, intentando tapar el hueco financiero de Air-e, una empresa intervenida que va rumbo al fracaso por la mala gestión estatal.

El próximo Congreso y Gobierno, deben enfocarse con urgencia en construir una agenda minero-energética sólida, para evitar que el país se apague y que los recursos del Sistema General de Regalías, vitales para el desarrollo regional, se debiliten. No se ganan elecciones solo con antipetrismo, necesitamos propuestas claras y contundentes. ¡Es hora de pasar del discurso a la acción!

Debemos dar continuidad a iniciativas legislativas como la declaratoria del gas natural como energético estratégico de la transición energética, establecer la seguridad energética como un derecho constitucional de tercera generación, crear una ventanilla única para el sector, que agilice trámites y reducir los tiempos de licenciamiento ambiental (estas propuestas ya las hemos venido trabajando junto a la senadora Paola Holguín, con quien compartimos una visión clara sobre el futuro energético del país).

Otra prioridad urgente es la reglamentación de la consulta previa, que se ha convertido en una herramienta de extorsión contra empresarios y en un obstáculo para el desarrollo. Hoy, hay más de 20 mil proyectos frenados por este mecanismo, entre ellos Sirius, un hallazgo histórico de gas natural costa afuera en el Caribe colombiano, explorado desde el gobierno del presidente Uribe.

Una de nuestras propuestas en esta materia es eliminar el incentivo económico directo a las comunidades. En su lugar, las obras y las inversiones deberán ejecutarse mediante el esquema de obras por impuestos, garantizando transparencia, equidad y verdadera inversión social.

Además, es imperativo trabajar en expandir, modernizar y sanear el sistema energético nacional, reactivar el sector petrolero y recuperar Ecopetrol, acelerando la exploración y producción de crudo y gas, promover la minería a gran escala con inversiones en todo el territorio nacional, retomar la formalización de pequeños y medianos mineros con vocación de legalidad y garantizar la cobertura total del servicio eléctrico antes de 2030.

Entre las medidas excepcionales, se debe considerar la declaratoria de una emergencia energética nacional durante los primeros dos años de gobierno, esto permitiría agilizar la construcción de infraestructura estratégica, ofrecer incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, establecer un sistema “fast-track” para licenciamiento ambiental y consultas previas.

Mi lucha continuará por la defensa de uno de los sectores más importantes del país, el que genera estabilidad, mueve la industria, el comercio y mantiene encendidos a más de 12 millones de hogares colombianos. También, es el motor de más de 700 mil vehículos, fundamentales para la vida diaria y la productividad nacional.

La seguridad energética es libertad, es desarrollo y es justicia para todos los colombianos.

Juan Espinal… Febrero 2026

Urabá es una de las regiones con mayor potencial estratégico de Colombia. Su riqueza no se limita únicamente a su reconocida producción agrícola bananera, sino que se extiende a su ubicación geográfica privilegiada, su capacidad productiva, su talento humano, y ahora, a la consolidación de una infraestructura clave para el desarrollo nacional: Puerto Antioquia.

Históricamente, Urabá ha sido el corazón bananero del país, líder en la producción de banano y plátano de exportación, con cerca de 50 mil hectáreas. Sin embargo, su vocación productiva ca más allá. La región cuenta con una importante y creciente producción de palma de aceite, arroz, cacao, maracuyá, coco, además de cerca de 450 mil hectáreas dedicadas a una gran producción ganadera que la posiciona como una de las despensas agrícolas más importantes de Colombia.

Esta diversidad productiva y su ubicación geográfica convierten a Urabá en un territorio con ventajas comparativas únicas para abastecer tanto el mercado interno como el internacional.

La puesta en Marcha de Puerto Antioquia marca un antes y un después para la región. Este proyecto no solo reduce tiempos y costos logísticos para los exportadores, sino que abre la puerta para que grandes empresas nacionales e internacionales se establezcan en Urabá, atraigan inversión, generen empleo y fortalezcan las cadenas productivas.

Con un puerto moderno y competitivo, Urabá deja de ser un territorio periférico para convertirse en un modo estratégico del comercio exterior colombiano, capaz de dinamizar la economía regional y nacional.

A pesar de su enorme potencial, Urabá enfrenta profundas problemáticas sociales y estructurales. Deficiencias en la infraestructura vial, acceso limitado a servicios públicos de calidad, brechas educativas, problemas de seguridad y una histórica ausencia del Estado han impedido que la región crezca al ritmo que merece.

Para que Urabá logre consolidarse como el gran polo de desarrollo que puede ser, se requiere una visión estratégica de largo plazo. Esto implica inversión sostenida en infraestructura vial y ferroviaria, fortalecimiento de la educación técnica y superior, apoyo al sector agroindustrial, planificación urbana, protección ambiental, seguridad jurídica y una política clara de atracción de inversiones.

Es fundamental reconocer el esfuerzo de los empresarios que, muchas veces sin el respaldo del Gobierno, han apostado por Urabá. Gracias a su visión, resiliencia y compromiso, la región ha logrado posicionarse como un referente agrícola y hoy cuenta con proyectos de talla internacional como Puerto Antioquia.

El Gobierno tiene el deber de acompañar este proceso con acciones concretas: inversión en infraestructura, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional, presencia estatal efectiva y políticas públicas que impulsen la industrialización y el empleo formal. No se trata solo de apoyar grandes proyectos, sino de garantizar que el crecimiento sea inclusivo y sostenible.

Después de visitar siete de sus municipios, no tengo duda de que el futuro de Urabá es prometedor.

Rafael Nieto Loaiza… El País.. Cali… enero 2026

La informalidad y el empleo en Colombia: poner ene el centro a quienes están hoy por fuera

A las organizaciones firmantes nos une el propósito de un país próspero para los colombianos y por eso trabajamos día a día con información y acciones concretas para que podamos construir entre todos un futuro mejor. Por esto los últimos acontecimientos relacionados con el salario mínimo nos obligan a hacer una reflexión.  

Colombia es un país donde más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, donde 9 de cada 10 empresas son micro y pequeñas, y donde los márgenes para absorber aumentos abruptos de costos laborales son limitados. En este contexto, un incremento del salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad laboral corre el riesgo de profundizar una brecha que ya existe: la que separa a los trabajadores formales de millones de jóvenes, mujeres y personas con menor educación que hoy están por fuera del sistema de protección social.

El efecto de esta medida no es abstracto. Cuando el costo del empleo formal se vuelve inalcanzable para miles de pequeñas empresas, la informalidad deja de ser una excepción y se convierte en la única alternativa posible. Y cuando eso ocurre, se debilita exactamente aquello que como sociedad valoramos profundamente: el trabajo con derechos, la estabilidad y la posibilidad de construir proyectos de vida sostenibles.

Es así como lo que puede ser una buena noticia hoy para algunos, no lo es para la gran mayoría de los colombianos, debido a su condición de informalidad y además porque muchos de los bienes y servicios que consumen tendrán un incremento:  la cuota moderadora en salud, por ejemplo, o el costo de una vivienda VIS y arriendos, el SOAT, el costo del transporte y de los servicios públicos, las matrículas educativas y otros servicios.

Desde la Red PRO, ANIF y el Consejo Privado de Competitividad reiteramos nuestro compromiso con una visión de desarrollo que ponga en el centro a las personas, especialmente a quienes hoy no tienen voz en estas decisiones: los emprendedores, los informales, los desempleados, los jóvenes y los pequeños empleadores.  Proteger el ingreso real de los trabajadores debe ir de la mano de más productividad, más formalización y más empresas sostenibles, no de mayores barreras de entrada al empleo formal. 

Creemos firmemente en el diálogo y la concertación como mecanismo para construir país. Este tipo de decisiones no pueden darse de manera impuesta y menos estigmatizando a los empresarios y empleadores, ni pequeños ni grandes, quienes hoy mueven la actividad productiva del país. Este aumento decretado por el Gobierno Nacional busca generar más polarización y no tiene en cuenta el impacto negativo en quienes no están siquiera sentados a la mesa: jóvenes, inactivos, desempleados e informales. En un país más justo sus voces tendrían que ser ponderadas a la hora de tomar las decisiones y el valor de éstas no se mediría en popularidad y vítores, sino en oportunidades para los excluidos