Son muchas las preocupaciones que hoy tienen los colombianos frente al desgobierno que ha generado un debilitamiento profundo de lo que funcionaba en el país. La incapacidad del presidente Petro para construir sobre lo construido ha deteriorado sectores estratégicos. El sistema de salud colapsó; la llamada “paz total” debilitó la seguridad y el orden público; y el capricho ideológico de convertirse en un líder ambiental a nivel mundial ha puesto en riesgo el sector energético del país. Este último es, sin duda, uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía.

El próximo presidente tendrá que tomar decisiones ágiles y audaces para evitar que el país se apague. Un apagón nacional sería una verdadera catástrofe para la economía, se paralizarían la industria y el comercio, se alteraría la vida cotidiana de millones de colombianos, y cada hora sin energía costaría cerca de 200 mil millones de pesos, según el Banco de la República.

Si Colombia se apaga por decisiones equivocadas del actual gobierno, cabe preguntarse, ¿cómo se recargarían los cerca de 80 millones de celulares que hay en el país? ¿Cómo operarían más de 450 mil tiendas, hospitales, escuelas, cámaras de seguridad, vehículos eléctricos y el Metro de Medellín, que moviliza a más de un millón de usuarios diarios en el Valle de Aburrá? La magnitud del impacto sería incalculable.

Una de las decisiones necesarias sería declarar una emergencia energética, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que los estados de emergencia permiten adoptar medidas excepcionales y temporales estrictamente necesarias para superar una grave perturbación del orden económico y social (por ejemplo, sentencias C-122 de 1997, C-216 de 2011, C-466 de 2017 y C-145 de 2020). Bajo este marco, el Gobierno podría declarar una emergencia económica con enfoque energético ante el riesgo cierto e inminente de desabastecimiento y pérdida de confiabilidad del sistema nacional.

En este contexto, y atendiendo el principio de proporcionalidad exigido por la Corte, se implementaría un sistema “fast track” para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, limitado a los primeros dos años de gobierno y exclusivamente para proyectos estratégicos de seguridad nacional en el sector minero-energético. Este esquema no eliminaría requisitos ambientales ni sociales; por el contrario, integraría trámites, reduciría duplicidades, establecería ventanillas únicas y armonizaría plazos perentorios, garantizando simultáneamente el respeto por los derechos fundamentales y la participación efectiva de las comunidades.

Asimismo, se propondría un régimen temporal de incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, sustentado en la doctrina de la Corte sobre la validez de los contratos de estabilidad en escenarios de interés público. El objetivo sería atraer un flujo masivo de inversión privada hacia proyectos estratégicos del sector minero-energético. Este régimen podría incluir aceleración de depreciaciones, deducciones especiales para inversiones en seguridad energética y beneficios para proyectos de suministro en firme y expansión minera responsable, siempre condicionados al cumplimiento de estándares ambientales y planes de relacionamiento social, con el fin de restablecer la seguridad energética nacional.

Solo con determinación, responsabilidad y voluntad política se podrá evitar que Colombia se apague.

Juan Espinal …. Febrero 2026

Cada vez que la lluvia arrecia, reaccionamos como si fuera inesperada. Como si el territorio nos sorprendiera. Como si la emergencia fuera una anomalía. No lo es.

Antioquia enfrenta una realidad objetiva en materia de riesgo climático. Entre 2019 y 2023 fue el segundo departamento con mayor número de eventos de desastres reportados por la UNGRD: 1.917 emergencias, el 93% asociadas a fenómenos naturales y climáticos. La tendencia, además, es creciente. si entre 2000 y 2010 se registraban en promedio 152 emergencias anuales, en la última década esa cifra se triplicó. Hoy hablamos de cerca de 650 eventos por año.

El fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 dejó casi34 mil personas damnificadas en Antioquia, más de 27 mil viviendas afectadas y 90 mil hectáreas de cultivos dañadas. Solo en 202, los costos estimados por pérdidas e impactos ascendieron a 67 mil millones de pesos. Y la contingencia actual vuelve a mostrar la magnitud del desafío: más de 7.000 personas afectadas, municipios en calamidad pública, miles de niños con escolaridad interrumpida, vías estratégicas bloqueadas, sectores productivos perdiendo millones de pesos cada día.

La pregunta no es si lloverá más. La pregunta es si estamos gobernando el riesgo o simplemente administrando la emergencia.

Porque el problema es la vulnerabilidad acumulada Es la falta de planeación territorial coherente con los mapas de riesgo. Es la inversión de infraestructura sin criterios robustos de resiliencia. Es la ausencia de sistemas de prevención suficientemente financiados. Las emergencias exigen recursos, por supuesto. También exigen rigor institucional. La Constitucional contempla la figura de emergencia económica como mecanismo excepcional y transitorio. Convertirla en instrumento de política pública erosiona la deliberación democrática y aumenta la incertidumbre regulatoria. Y cuando la respuesta descansa casi exclusivamente en ampliar cargas tributarias extraordinarias sobre el sector productivo, el país corre el riesgo de debilitar el mismo motor que necesita para financiar su recuperación.

El riego climático no es solo ambiental. Es fiscal, social y económico. La evidencia del Banco de la República advierte que las pérdidas asociadas al cambio climático podrían representar entre 2% y 8% del PIB nacional a finales de siglo, dependiendo de decisiones que adoptemos hoy. Esa cifra es una advertencia estructural.

Existen caminos distintos. Durante la pandemia y en múltiples contingencias regionales, la articulación público- privada demostró que es posible movilizar recursos, logística y conocimiento técnico con reglas claras y trazabilidad. Mecanismos como Obras por Impuestos y los fondos regionales de cofinanciación han probado que se puede ejecutar inversión social focalizada sin paralizar la actividad económica ni sacrificar estabilidad normativa.

Pero más allá de los instrumentos, lo que está en juego es el enfoque. Reducir vulnerabilidades, aumentar resiliencia y mejorar eficiencia del gasto público no son repuestas coyunturales; son tareas de largo plazo. Antes de ampliar cargas extraordinarias, el país necesita revisar la calidad del gasto, fortalecer capacidades institucionales y anticipar riesgos que ya conoce.

Las emergencias requieren liderazgo y cooperación. También prudencia fiscal e institucional. Atender la contingencia sin debilitar la capacidad productiva es posible se privilegiamos la corresponsabilidad, la eficiencia y la estabilidad de las reglas. Porque gobernar el futuro no es reacción a la tormenta. Es anticiparla.

Juliana Velásquez Rodríguez – presidenta ejecutiva Proantioquia……El Colombiano..febrero 2025

Faltan 30 días para que los colombianos elijan a sus Senadores y Representantes a la Cámara, una de las contiendas electorales más importantes de los últimos años. El Congreso, en cabeza de la reducida pero firme oposición liderada por el Centro Democrático y Cambio Radical, ha demostrado ser un contrapeso fundamental frente a las decisiones del Presidente de la República, especialmente cuando se trata de un mandatario como Gustavo Petro.

El archivo de dos reformas cruciales, la tributaria y la de salud, es prueba clara de la importancia de elegir un Congreso con independencia y autonomía frente al Ejecutivo. Si bien nuestro sistema es presidencialista, la separación de poderes es piedra angular de cualquier Estado de Derecho que se respete.

Varios sondeos proyectan que el Pacto Histórico y sus aliados serán las fuerzas más votadas, logrando una amplia representación. De acuerdo con la última encuesta de Atlas Intel, podrían alcanzar 28 senadores. Se avizora una repetición de lo que ocurrió en 2010 con el Partido de la U, entonces autodenominado “uribista”, cuando obtuvo 28 senadores, pero como dicen en mi tierra: “el día de la quema se verá el humo”.

Lo cierto es que el 8 de marzo comienza una nueva etapa en la carrera presidencial. Los resultados de las consultas influirán directamente en las preferencias, al igual que la composición del nuevo Congreso. Si al Centro Democrático le funciona la estrategia liderada por el expresidente Uribe de conseguir al menos 25 senadores, y si Paloma Valencia gana la Gran Consulta con una votación destacada, se consolidará como una opción real para competir en primera vuelta y disputarle el poder al candidato de la izquierda, que estará entre el heredero de Petro, Iván Cepeda, y el ambicioso y oportunista Roy Barreras.

Ese 8 de marzo, los colombianos tendrán la oportunidad de elegir legisladores capaces, con experiencia, hoja de vida intachable y visión de país. O podrán dejarse seducir por influenciadores de redes sociales, que si bien dominan un segmento digital, carecen de profundidad sobre el manejo del Estado, y de compromiso con los verdaderos intereses de la Nación.

Ese día será la gran prueba. Ojalá que los colombianos ejerzan el “voto sanción” con firmeza y dignidad. Esta semana compartí una frase del presidente Milei que viene como anillo al dedo: “algo peor que un político corrupto, es un ciudadano que lo defienda”. Yo añadiría: y peor aún si vuelve a votar por él.

Colombia debe despegar, debe haber ética y responsabilidad al momento de votar. La opinión pública señala y rechaza la corrupción, pero muchos ciudadanos insisten en elegir a los mismos de siempre. A un gobierno que tiene dos ministros en la cárcel por presuntos actos de corrupción, y un alto funcionario prófugo de la justicia, Carlos Ramón, miembro del Partido Verde.

Que esta vez el país no falle, que el voto se incline por candidatos decentes, competentes, sin tacha, y con la preparación necesaria para recuperar el rumbo de la patria.

Juan Espinal… febrero 2026