La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Agencia APP, avanza en la construcción de la Cárcel Metropolitana para sindicados, la primera en Colombia bajo el modelo de alianza público-privada. Con una inversión de $675.000 millones y capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, el proyecto busca aliviar el hacinamiento en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, donde actualmente el sobrecupo supera el 180 %.
El centro penitenciario, ubicado en el corregimiento San Cristóbal, integrará espacios para educación, salud, talleres productivos y programas de resocialización, garantizando condiciones dignas de reclusión y evitando que se supere su capacidad instalada. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta obra responde a las órdenes de la Corte Suprema y la Corte Constitucional de fortalecer la infraestructura carcelaria: “Esta es una cárcel con las mejores especificaciones, donde no habrá lugar para extorsionar ni seguir delinquiendo desde adentro. Es un esfuerzo real para garantizar seguridad y dignidad”.
El mandatario destacó además el impacto social de la iniciativa: “Aquí a San Cristóbal no solo llega la cárcel, sino la inversión social. Estamos hablando de $1.000 millones para obras comunitarias y hasta 500 empleos en la etapa de construcción, con mano de obra local”.
Los estudios de prefactibilidad iniciaron en 2016 y tras la adjudicación a la empresa Carmet Medellín S.A.S. (Prodemex) y la interventoría al Consorcio Intercárceles, el proyecto consolidó un esquema técnico y financiero sólido. Al corte de agosto de 2025, la obra registra un avance del 3 % y se prevé que entre en operación en el primer trimestre de 2027.
En materia ambiental, Corantioquia autorizó tala controlada y la compensación con 15,7 hectáreas de reforestación, además de rescates de fauna y flora para mitigar el impacto. Con este proyecto, Medellín busca no solo atender el hacinamiento estructural, sino consolidar un modelo de seguridad integral con presencia institucional y tecnología de control.
