El Congreso de la República, pese a su descrédito y a la presencia de algunos miembros que han usado su investidura para intereses personales, ha demostrado ser una pieza clave en el equilibrio de poderes y en la contención de las ambiciones autocráticas de los mandatarios de turno. Por eso la elección legislativa no es un trámite menor: es una decisión estratégica para la salud democrática del país.

Elegir bien implica hacerlo con conciencia y rigor, pensando en el momento político que vive Colombia y en la necesidad de una representación digna de los territorios y de las causas que serán defendidas durante los próximos cuatro años. Propongo a los lectores criterios para orientar ese voto.

Primero, la ética. El principal problema del país no es ideológico sino ético. Conviene revisar si el candidato tiene obligaciones, sanciones o alianzas cuestionables; si ha usado correctamente el poder y su voz pública; si su comportamiento ha sido coherente con la legalidad y el respeto institucional. No tiene sentido elegir a quienes tengan nexos con corruptos, narcotraficantes o grupos ilegales, ni a quienes basan su visibilidad en la polémica fácil, el insulto o la provocación. El Congreso no necesita ni ladrones ni incendiarios.

Segundo, sus posturas. Las opiniones actuales importan, pero más importante aún es su coherencia en el tiempo. Las posiciones frente a la corrupción, la violencia, las reformas estructurales o los liderazgos locales revelan carácter. Cuando alguien cambia radicalmente de discurso según la coyuntura electoral, deja evidencia oportunismo más que convicción. La consistencia histórica es un indicador de integridad política. Si antes fue aliado de Quintero y ahora lo critica, si antes contaba masacres y criticaba la corrupción y ahora calla, si antes se decía ateo y ahora es el más creyente, es claro que su opinión está basada en el oportunismo electoral y no en la búsqueda del bienestar general.

Tercero, su trayectoria. No es indispensable ser un político tradicional para ejercer bien el cargo, pero sí es fundamental demostrar capacidad, disciplina y conocimiento. La experiencia profesional y el recorrido vital muestran habilidades de liderazgo, comprensión técnica de los temas y rigor en la toma de decisiones. La popularidad digital no reemplaza la competencia. Tener miles de seguidores no garantiza criterio legislativo ni solvencia ética.

Cuarto, sus causas. Elegir un congresista es elegir una agenda. Cada candidatura encarna una visión de sociedad y unas prioridades concretas. Conviene respaldar a quienes han demostrado compromiso real y sostenido con las causas que dicen defender, no quienes las adoptan solo en campaña. Las convicciones auténticas dejan huella en la trayectoria.

Quinto, su entorno. Los equipos y alianzas hablan tanto como los discursos. Las personas que rodean a un candidato revelan su capacidad de trabajo colectivo, su criterio para elegir mentores y su tolerancia frente a prácticas cuestionables. Quien se rodea de líderes polémicos o de equipos incapaces difícilmente actuará con independencia y altura.

Aunque la elección legislativa sueles ser menos mediática que la presidencial, es igual de determinante. Un Congreso sólido puede equilibrar el poder, mejorar las leyes y representar con dignidad a los ciudadanos. Por eso, más que votar simpatía o emoción momentánea, vale la pena analizar con cuidado y asumir el voto como un acto de responsabilidad democrática.

Daniel Carvalho Mejía….. El Colombiano..febrero 2026

En su cuenta de X, Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, se pronunció sobre la solicitud de pérdida de investidura interpuesta por el abogado William Francisco Quintero Villarreal y admitida por el Consejo de Estado.

La Sala Especial de decisión ha fijado oficialmente la audiencia pública de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta para el próximo 23 de febrero de 2026 a las 2:30 p.m.. El proceso se centra en las pruebas de su participación en un acto público el sábado 21 de junio de 2025 en La Alpujarra, Medellín.

Lo más grave es que en el expediente reposa la prueba reina: la solicitud de autorización de traslado dirigida al Director del INPEC, gestionada y firmada por la propia señora Zuleta en su calidad de coordinadora.

En dicho documento, la senadora pidió que se permitiera la salida de los delincuentes para para participar en un acto público junto al presidente de la República. Mientras el Ministerio Público pide rastrear las resoluciones presidenciales que habrían servido de «paraguas» para este evento. Entretanto, la defensa de la senadora intenta desvirtuar su responsabilidad directa. El oficio al INPEC demuestra que ella fue la gestora directa de traer a los bandidos a la tarima de Medellín.

«Acá se decidirá si el «Tarimazo» o más bien el «Zuletazo» costará finalmente su curul en el Congreso de la Republica», dijo De Bedout.

El candidato de Creemos afirmó que la suspensión del Consejo de Estado era previsible por la debilidad técnica y jurídica del decreto.

El candidato a la Cámara de Representantes por el movimiento Creemos (102), Simón Molina, aseguró que la suspensión del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado era una decisión esperada, debido a que el Gobierno Nacional presentó un acto administrativo sin sustento técnico sólido y con graves vacíos jurídicos. Según indicó, esta situación ya había sido advertida públicamente por él mismo el pasado 7 de enero, cuando alertó que el decreto no superaría el control del alto tribunal.

“El Gobierno expidió un decreto mal hecho, sin argumentos técnicos bien fundamentados y sin el soporte jurídico necesario. Se sabía que el Consejo de Estado iba a fallar en contra del nuevo decreto del salario mínimo”, afirmó Molina, al señalar que el problema no fue un error aislado, sino una actuación consciente y calculada por parte del Ejecutivo. Dicha situación ya había sido denunciada por el candidato el pasado 7 de enero en el que advertía lo que pasaría en el Consejo de Estado con el decreto. 

Finalmente, el candidato de Creemos advirtió que esta situación podría responder a una estrategia política del Gobierno. “Todo indica que sabían que el decreto se iba a caer y aun así lo presentaron, para luego salir a decir que no los dejan gobernar. Van a aprovechar este momento para incendiar el país y hacer llamados a la protesta. Desde la Cámara de Representantes vamos a defender la institucionalidad, el respeto por la justicia y la estabilidad del país”.