Vivienda, legalización de predios, sostenibilidad, gestión del riesgo, convivencia, ruido y rentas cortas hicieron parte de los principales temas expuestos por la comunidad.

Escuchar las inquietudes y propuestas de la ciudadanía frente a la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, POT- fue el propósito del Cabildo Abierto realizado este viernes, 11 de septiembre por el Concejo Distrital en el coliseo de Balonmano de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot que contó con la asistencia de más de 500 personas. Sesión que se realizó en el marco del estudio del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026. 

Hace más de 12 años, Medellín no actualiza su Plan de Ordenamiento Territorial, una hoja de ruta de planeación local que establecerá las reglas de juego para los próximos 12 años.

El primer Cabildo Abierto de dos que se cumplirán en el marco de este proceso, busca poner sobre la mesa las necesidades actuales que tiene el territorio y actualizar la hoja de ruta de planeación local.

“El Cabildo Abierto es el mecanismo mediante el cual podemos escuchar a la comunidad, no dentro del recinto, sino de una forma diferente. Este es un espacio atípico porque el Concejo Distrital solo puede sesionar dentro del recinto, y este es el único mecanismo que nos lo permite”, aseguró el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout Arango.

El territorio se construye con quienes lo habitan

La jornada contó con la participación de la Dirección de Planeación Local, los 21 concejales de Medellín y más de 400 personas, entre inscritas y asistentes.

El encuentro se efectuó en torno a cuatro bloques temáticos.

• Primer bloque: Sistema de ocupación urbano y rural.
• Segundo bloque: Sistema público y colectivo.
• Tercer bloque: Sistema ambiental, de gestión del riesgo y cambio climático.
• Sistemas institucionales y de gestión.

Cada ciudadano tuvo tres minutos para plantear su propuesta o inquietud. Fue la oportunidad de la comunidad para expresar sus inquietudes y posibles soluciones desde su perspectiva.

Durante la presentación del primer bloque, relacionado con el Sistema de Ocupación urbano y rural, la directora de Planeación Distrital, Luz Ángela González, señaló que se recibieron 332 registros relacionados con cambios en los usos del suelo, reflejando el interés de la comunidad frente a este proceso.
Representantes de organizaciones sociales y ciudadanos coincidieron en que la revisión del POT trasciende lo técnico y constituye una decisión que definirá la ruta de desarrollo de Medellín tanto en el ámbito urbano como rural. Por ello, llamaron la atención sobre la sostenibilidad, el impacto ambiental y la gestión del riesgo, al tiempo que solicitaron fortalecer la cultura de participación y establecer mecanismos que permitan medir y evidenciar la incidencia de la ciudadanía en las decisiones adoptadas.

También pidieron mayor control sobre las actuaciones de curadurías y constructores, ante situaciones en las que, según algunos intervinientes, las obras terminan desarrollándose de manera diferente a los proyectos inicialmente aprobados.

La directora de Planeación precisó que el segundo bloque del Cabildo Abierto, concerniente al Sistema Público y Colectivo, abordó asuntos como el patrimonio, los servicios públicos, los equipamientos colectivos, el espacio público y la movilidad.
Durante las intervenciones, habitantes de distintos sectores plantearon preocupaciones sobre el estado y uso de algunos espacios públicos. En el centro de Medellín, por ejemplo, hicieron referencia a sectores como San Lorenzo, Niquitao, La Avenida Oriental y El Palo, advirtiendo que algunos de estos espacios permanecen sin un uso definido y terminan siendo ocupados por habitantes en situación de calle, chatarreros o personas vinculadas a actividades delictivas. La comunidad pidió que la revisión del POT contemple alternativas para recuperar estos lugares y garantizar que cumplan una función urbana y social adecuada.

El tercer bloque de discusión estuvo centrado en el Sistema Ambiental, de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Espacio en el cual las comunidades insistieron en que la revisión del POT debía responder no solamente a las condiciones actuales del territorio, sino también a los cambios ambientales que ya están afectando a Medellín y demandan una planificación con una perspectiva de prevención y adaptación.
Uno de los principales llamados estuvo relacionado con la legalización y permanencia de comunidades ubicadas en sectores que enfrentan restricciones por condiciones de riesgo. Habitantes de Altos de La Torre solicitaron revisar la delimitación del borde urbano-rural y las condiciones bajo las cuales algunos territorios han sido considerados zonas de alto riesgo.

Además, pidieron avanzar en procesos de legalización y titulación mediante acuerdos municipales e incorporar de manera clara la gestión del riesgo dentro de las disposiciones del POT, evitando que las decisiones sobre la permanencia de las comunidades queden sujetas a criterios que no contemplen integralmente sus condiciones sociales y territoriales.
La directora de Planeación Distrital precisó que el cuarto bloque correspondió al Sistema Institucional y de Gestión, contemplado entre los artículos 725 y 759 del proyecto de acuerdo, relacionados con la financiación, la intervención del suelo, los instrumentos de gestión, la gestión del suelo y el programa de ejecución. Frente a este componente, la comunidad planteó la necesidad de que la revisión del POT incorpore de manera efectiva la ruralidad y la adaptación al cambio climático, con un enfoque territorial y de género, así como nociones claras sobre territorio, ruralidad campesina e instrumentos de participación social que permitan una incidencia ciudadana reforzada en las decisiones sobre el ordenamiento.

Entre las solicitudes expuestas se destacó la titulación de predios en sectores como Llanaditas. Los participantes señalaron además que estos procesos no son nuevos y que, aunque se han abordado en anteriores cabildos y espacios de participación, se requiere avanzar de las discusiones a acciones concretas para evitar que las propuestas queden únicamente en el papel. También reclamaron mayor intervención frente a las condiciones de riesgo y una política de mitigación que permita atender de manera efectiva los territorios que requieren este tipo de actuaciones.

A su turno, los concejales destacaron la importancia del Cabildo Abierto como un espacio de participación efectiva para conocer de primera mano las preocupaciones, propuestas y aportes técnicos de la ciudadanía frente a la revisión de mediano plazo del POT.
Manifestaron que las intervenciones permitieron identificar elementos esenciales que deberán ser estudiados con profundidad y el ejercicio de escucha no puede quedarse en recoger inquietudes, sino que debe traducirse en respuestas concretas y en la incorporación de aquellas propuestas que resulten pertinentes dentro del proyecto que será discutido por la Corporación.

«Medellín está en deuda de organizar territorialmente nuestra ciudad y eso es lo queremos entregar. Un POT renovado, más acorde a las dinámicas económicas, y eso es lo que está planteando la ciudadanía en esta mañana. Se ha hablo de temas como rentas cortas, la ruralidad, temas de algunos barrios que por ejemplo podrían cambiar su mixtura. Yo creo que Medellín ha cambiado en los últimos doce años, y nosotros como Concejo no le podemos quedar mal a la ciudadanía y dejarle un buen POT para los próximos quince años de la ciudad», así resumió la jornada el presidente del Concejo Alejandro de Bedout.

A través de su cuenta de X, que el presidente De La Espriella anunció la renuncia de la señora Morales Hoyos, y la llegada de Ilva Myriam Hoyos.

«La Biblia dice que «El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor», con este proverbio, la hasta hoy ministra de Educación Viviane Morales Hoyos, en carta enviada el 31 de agosto al presidente Abelardo De La Espriella inicia la explicación de su renuncia. «Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata», finalmente explica la razón.

Y fue a través de su cuenta de X, que el presidente De La Espriella anunció la renuncia de la señora Morales Hoyos, a quién con despidió con nostalgia y fe. «Los designios de Dios son Insondables y debe dejarnos temporalmente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto».

Su salida se hará efectiva el próximo siete de septiembre.

Hasta pronto, querida Viviane, escribió, a renglón seguido bienvenida, ministra Ilva Myriam.

¿Quién es la nueva ministra?

Ilva Myriam Hoyos Castañeda es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra de España. La nueva ministra ha sido procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y Familia durante la administración del entonces procurador Alejandro Ordoñez.

La nueva ministra ha sido decana de Derecho y directora de Humanidades en la Universidad de La Sabana. Conjuez del Consejo de Estado. Además, habla inglés, francés y claro español.

Hoyos Castañeda quien tendrá a su cargo una de más difíciles carteras del Gobierno, como objetivos claves mejorar la calidad en la educación, el acceso a la misma.

El presidente De La Espriella califico a la nueva ministra como: «una mujer de talante, fortaleza, honradez y firme en la defensa de los valores que la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción».

El gobierno de Abelardo De La Espriella designo como nuevo agente interventor de Air- e a Ramiro Castilla Andrade en reemplazo de Jaime Mesa Buitrago, quien desde 2024 se venía desempañando como interventor de la empresa.

El ingeniero industrial de la Universidad del atlántico, con una especialización en Diseño y Evaluación de Proyectos de la Universidad del Norte, tiene 24 años de trayectoria en el sector eléctrico en el Caribe colombiano.

Air- e atiende a cerca de 1.3 millones de clientes del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo que representa aproximadamente el 11% del mercado eléctrico nacional.