Cada vez que la lluvia arrecia, reaccionamos como si fuera inesperada. Como si el territorio nos sorprendiera. Como si la emergencia fuera una anomalía. No lo es.

Antioquia enfrenta una realidad objetiva en materia de riesgo climático. Entre 2019 y 2023 fue el segundo departamento con mayor número de eventos de desastres reportados por la UNGRD: 1.917 emergencias, el 93% asociadas a fenómenos naturales y climáticos. La tendencia, además, es creciente. si entre 2000 y 2010 se registraban en promedio 152 emergencias anuales, en la última década esa cifra se triplicó. Hoy hablamos de cerca de 650 eventos por año.

El fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 dejó casi34 mil personas damnificadas en Antioquia, más de 27 mil viviendas afectadas y 90 mil hectáreas de cultivos dañadas. Solo en 202, los costos estimados por pérdidas e impactos ascendieron a 67 mil millones de pesos. Y la contingencia actual vuelve a mostrar la magnitud del desafío: más de 7.000 personas afectadas, municipios en calamidad pública, miles de niños con escolaridad interrumpida, vías estratégicas bloqueadas, sectores productivos perdiendo millones de pesos cada día.

La pregunta no es si lloverá más. La pregunta es si estamos gobernando el riesgo o simplemente administrando la emergencia.

Porque el problema es la vulnerabilidad acumulada Es la falta de planeación territorial coherente con los mapas de riesgo. Es la inversión de infraestructura sin criterios robustos de resiliencia. Es la ausencia de sistemas de prevención suficientemente financiados. Las emergencias exigen recursos, por supuesto. También exigen rigor institucional. La Constitucional contempla la figura de emergencia económica como mecanismo excepcional y transitorio. Convertirla en instrumento de política pública erosiona la deliberación democrática y aumenta la incertidumbre regulatoria. Y cuando la respuesta descansa casi exclusivamente en ampliar cargas tributarias extraordinarias sobre el sector productivo, el país corre el riesgo de debilitar el mismo motor que necesita para financiar su recuperación.

El riego climático no es solo ambiental. Es fiscal, social y económico. La evidencia del Banco de la República advierte que las pérdidas asociadas al cambio climático podrían representar entre 2% y 8% del PIB nacional a finales de siglo, dependiendo de decisiones que adoptemos hoy. Esa cifra es una advertencia estructural.

Existen caminos distintos. Durante la pandemia y en múltiples contingencias regionales, la articulación público- privada demostró que es posible movilizar recursos, logística y conocimiento técnico con reglas claras y trazabilidad. Mecanismos como Obras por Impuestos y los fondos regionales de cofinanciación han probado que se puede ejecutar inversión social focalizada sin paralizar la actividad económica ni sacrificar estabilidad normativa.

Pero más allá de los instrumentos, lo que está en juego es el enfoque. Reducir vulnerabilidades, aumentar resiliencia y mejorar eficiencia del gasto público no son repuestas coyunturales; son tareas de largo plazo. Antes de ampliar cargas extraordinarias, el país necesita revisar la calidad del gasto, fortalecer capacidades institucionales y anticipar riesgos que ya conoce.

Las emergencias requieren liderazgo y cooperación. También prudencia fiscal e institucional. Atender la contingencia sin debilitar la capacidad productiva es posible se privilegiamos la corresponsabilidad, la eficiencia y la estabilidad de las reglas. Porque gobernar el futuro no es reacción a la tormenta. Es anticiparla.

Juliana Velásquez Rodríguez – presidenta ejecutiva Proantioquia……El Colombiano..febrero 2025

Faltan 30 días para que los colombianos elijan a sus Senadores y Representantes a la Cámara, una de las contiendas electorales más importantes de los últimos años. El Congreso, en cabeza de la reducida pero firme oposición liderada por el Centro Democrático y Cambio Radical, ha demostrado ser un contrapeso fundamental frente a las decisiones del Presidente de la República, especialmente cuando se trata de un mandatario como Gustavo Petro.

El archivo de dos reformas cruciales, la tributaria y la de salud, es prueba clara de la importancia de elegir un Congreso con independencia y autonomía frente al Ejecutivo. Si bien nuestro sistema es presidencialista, la separación de poderes es piedra angular de cualquier Estado de Derecho que se respete.

Varios sondeos proyectan que el Pacto Histórico y sus aliados serán las fuerzas más votadas, logrando una amplia representación. De acuerdo con la última encuesta de Atlas Intel, podrían alcanzar 28 senadores. Se avizora una repetición de lo que ocurrió en 2010 con el Partido de la U, entonces autodenominado “uribista”, cuando obtuvo 28 senadores, pero como dicen en mi tierra: “el día de la quema se verá el humo”.

Lo cierto es que el 8 de marzo comienza una nueva etapa en la carrera presidencial. Los resultados de las consultas influirán directamente en las preferencias, al igual que la composición del nuevo Congreso. Si al Centro Democrático le funciona la estrategia liderada por el expresidente Uribe de conseguir al menos 25 senadores, y si Paloma Valencia gana la Gran Consulta con una votación destacada, se consolidará como una opción real para competir en primera vuelta y disputarle el poder al candidato de la izquierda, que estará entre el heredero de Petro, Iván Cepeda, y el ambicioso y oportunista Roy Barreras.

Ese 8 de marzo, los colombianos tendrán la oportunidad de elegir legisladores capaces, con experiencia, hoja de vida intachable y visión de país. O podrán dejarse seducir por influenciadores de redes sociales, que si bien dominan un segmento digital, carecen de profundidad sobre el manejo del Estado, y de compromiso con los verdaderos intereses de la Nación.

Ese día será la gran prueba. Ojalá que los colombianos ejerzan el “voto sanción” con firmeza y dignidad. Esta semana compartí una frase del presidente Milei que viene como anillo al dedo: “algo peor que un político corrupto, es un ciudadano que lo defienda”. Yo añadiría: y peor aún si vuelve a votar por él.

Colombia debe despegar, debe haber ética y responsabilidad al momento de votar. La opinión pública señala y rechaza la corrupción, pero muchos ciudadanos insisten en elegir a los mismos de siempre. A un gobierno que tiene dos ministros en la cárcel por presuntos actos de corrupción, y un alto funcionario prófugo de la justicia, Carlos Ramón, miembro del Partido Verde.

Que esta vez el país no falle, que el voto se incline por candidatos decentes, competentes, sin tacha, y con la preparación necesaria para recuperar el rumbo de la patria.

Juan Espinal… febrero 2026

Desde que llegué al Congreso de la República, me he dedicado a defender la Soberanía Energética de todos los colombianos. Fui ponente de la Ley de Transición Energética y de la Ley de Cambio Climático durante el gobierno del presidente Iván Duque (en este camino, debo hacer un reconocimiento especial a un hombre que ha sido indispensable en esta lucha, el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, un gran consejero y maestro).

Tuve también la oportunidad de estar en los Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, donde estudié a fondo la herramienta del fracking, fundamental para aumentar nuestras reservas de gas natural. De igual forma, exploré el potencial de la energía nuclear, una fuente probada a nivel mundial y con grandes posibilidades para Colombia.

Por eso, hoy puedo decir con preocupación, que enfrentamos un verdadero caos energético por culpa del gobierno Petro. Esta semana quedó demostrado, una vez más, que es enemigo declarado del sector energético: emitió el Decreto 44, con el cual impone un nuevo impuesto del 2,5% para recaudar 300 mil millones de pesos, intentando tapar el hueco financiero de Air-e, una empresa intervenida que va rumbo al fracaso por la mala gestión estatal.

El próximo Congreso y Gobierno, deben enfocarse con urgencia en construir una agenda minero-energética sólida, para evitar que el país se apague y que los recursos del Sistema General de Regalías, vitales para el desarrollo regional, se debiliten. No se ganan elecciones solo con antipetrismo, necesitamos propuestas claras y contundentes. ¡Es hora de pasar del discurso a la acción!

Debemos dar continuidad a iniciativas legislativas como la declaratoria del gas natural como energético estratégico de la transición energética, establecer la seguridad energética como un derecho constitucional de tercera generación, crear una ventanilla única para el sector, que agilice trámites y reducir los tiempos de licenciamiento ambiental (estas propuestas ya las hemos venido trabajando junto a la senadora Paola Holguín, con quien compartimos una visión clara sobre el futuro energético del país).

Otra prioridad urgente es la reglamentación de la consulta previa, que se ha convertido en una herramienta de extorsión contra empresarios y en un obstáculo para el desarrollo. Hoy, hay más de 20 mil proyectos frenados por este mecanismo, entre ellos Sirius, un hallazgo histórico de gas natural costa afuera en el Caribe colombiano, explorado desde el gobierno del presidente Uribe.

Una de nuestras propuestas en esta materia es eliminar el incentivo económico directo a las comunidades. En su lugar, las obras y las inversiones deberán ejecutarse mediante el esquema de obras por impuestos, garantizando transparencia, equidad y verdadera inversión social.

Además, es imperativo trabajar en expandir, modernizar y sanear el sistema energético nacional, reactivar el sector petrolero y recuperar Ecopetrol, acelerando la exploración y producción de crudo y gas, promover la minería a gran escala con inversiones en todo el territorio nacional, retomar la formalización de pequeños y medianos mineros con vocación de legalidad y garantizar la cobertura total del servicio eléctrico antes de 2030.

Entre las medidas excepcionales, se debe considerar la declaratoria de una emergencia energética nacional durante los primeros dos años de gobierno, esto permitiría agilizar la construcción de infraestructura estratégica, ofrecer incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, establecer un sistema “fast-track” para licenciamiento ambiental y consultas previas.

Mi lucha continuará por la defensa de uno de los sectores más importantes del país, el que genera estabilidad, mueve la industria, el comercio y mantiene encendidos a más de 12 millones de hogares colombianos. También, es el motor de más de 700 mil vehículos, fundamentales para la vida diaria y la productividad nacional.

La seguridad energética es libertad, es desarrollo y es justicia para todos los colombianos.

Juan Espinal… Febrero 2026