Corantioquia lanzó la octava edición de su Sello de Sostenibilidad, el máximo reconocimiento ambiental que la corporación otorga a empresas, organizaciones y comunidades de su jurisdicción que van más allá del cumplimiento normativo en sus prácticas ambientales. La novedad de este año es la creación de una categoría exclusiva para el sector cafetero, en alianza con Green Coffee Company y sus más de 1.600 afiliados en el suroeste antioqueño. Las inscripciones están abiertas desde el 30 de abril y estarán disponibles hasta el 31 de mayo de 2026 en corantioquia.gov.co.

Liliana María Taborda González, directora general de Corantioquia, explicó el alcance de la nueva categoría y el momento que atraviesa la iniciativa: «Pasamos de un promedio histórico de cerca de 120 postulaciones a 199 inscritos en 2025, con participación de siete subregiones y 129 reconocimientos otorgados. Esto nos demuestra que la sostenibilidad se está convirtiendo en una apuesta real del sector productivo». Para 2026, la meta es superar las 220 postulaciones.

La directora también habló sobre la importancia de la nueva categoría cafetera: «Con Green Coffee Company y sus más de 1.600 afiliados empezamos a trabajar una gran revolución ambiental frente a lo que ha significado la caficultura históricamente en nuestro departamento y nuestro país».

El Sello se entrega en cinco niveles: AAA para quienes alcanzan el 90% o más del puntaje evaluado; AA entre el 79% y 89%; A entre el 68% y el 78%; Cafetero, para organizaciones del sector que cumplan los requisitos de la categoría AAA; y Diferencial, pensada para los 97 consejos comunitarios afrocolombianos y las 63 comunidades indígenas de la jurisdicción, con un umbral mínimo del 70%.

Pueden participar productores de bienes, prestadores de servicios, organizaciones sociales, entidades sin ánimo de lucro y grupos étnicos que operen en los 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. Los requisitos básicos son no tener sanciones ambientales activas, estar a paz y salvo con la corporación y acreditar que la actividad se desarrolla dentro de su jurisdicción —lo que excluye territorios como el Urabá antioqueño y el Oriente, que pertenecen a Cornare.

El proceso incluye postulación en línea, verificación documental y visitas técnicas a cada uno de los postulados. Más de 20 profesionales de Corantioquia están previstos para realizar esas visitas de campo, que garantizan que el reconocimiento no sea solo un trámite en papel.

Además del galardón, quienes obtienen el Sello acceden a certificación de sus prácticas, mejora de imagen corporativa y mayores oportunidades de acceso a nuevos mercados. El reconocimiento tiene vigencia de un año y puede renovarse mediante nueva postulación.

Se recomienda a los usuarios transitar por rutas alternas como la doble calzada Las Palmas y Variante Palmas, las cuales se encontrarán habilitadas durante los periodos de ejecución de las actividades.

Durante los días miércoles 29 y jueves 30 de abril se presentarán cierres totales de cuatro horas en la conexión vial Túnel de Oriente. Estas jornadas tienen el propósito de ejecutar de manera segura la instalación de una nueva pantalla informativa en la vía a cielo abierto de la conexión, actividad que se ejecutará entre las 12:00 a.m. y las 4:00 a.m.  

Con esta nueva pantalla se busca reforzar la información para los usuarios que se desplazan entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño por el Túnel de Oriente, brindándoles una mejor experiencia de viaje.

La Concesión recuerda a sus usuarios que durante los periodos de cierre estarán disponibles rutas alternas como las vías doble calzada Las Palmas y Variante Palmas. Asimismo, se tendrán disponibles las unidades de atención como grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para continuar prestando un servicio con óptimas condiciones de seguridad.

En el marco del informe de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT), el Concejo Distrital de Medellín abrió un debate sobre los principales retos que enfrenta la ciudad en materia de ordenamiento territorial, vivienda, gestión del suelo y control del crecimiento urbano. Los corporados coincidieron en que la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no puede ser un ejercicio técnico sin consecuencias prácticas, y plantearon que el modelo debe responder a realidades como la ocupación irregular, la gentrificación, el costo del suelo y los estudios de riesgo que ya no reflejan la situación actual de muchos barrios.

Uno de los señalamientos más repetidos en la sesión fue el de la desactualización de los estudios de riesgo y la cartografía. Según los concejales, existen sectores donde durante años se han adelantado procesos de mejoramiento de vivienda, legalización y presencia institucional, pero que siguen figurando con restricciones técnicas que no corresponden a la realidad del territorio. Esa discordancia afecta directamente a las familias que buscan formalizar sus predios y quedarse en sus comunidades.

A eso se sumó la preocupación por la falta de claridad en los procedimientos de legalización, especialmente en zonas de borde o con antecedentes de riesgo. Los corporados advirtieron que esa brecha de información profundiza las desigualdades entre los barrios periféricos y las zonas centrales, y limita el acceso a programas de mejoramiento integral del hábitat.

Otro punto que generó debate fue la necesidad de regular con mayor seriedad las zonas de tolerancia y las actividades que afectan la convivencia en sectores residenciales y turísticos. También se alertó sobre la expansión urbana en laderas, corregimientos y zonas de frontera, donde la construcción informal sigue avanzando con controles insuficientes, lo que amenaza con crear problemas futuros de riesgo, presión sobre los servicios públicos y desequilibrio territorial.

Los concejales también advirtieron que el POT debe ir acompañado de fuentes reales de financiación. Señalaron que muchas veces la planeación funciona en el papel pero fracasa en la práctica por falta de recursos para ejecutar procesos de renovación urbana, recuperación del espacio público y acceso a vivienda. Insistieron en que los costos del desarrollo no pueden recaer exclusivamente sobre los contribuyentes.

Martha Isabel Tamayo Vélez, subdirectora administrativa de Planeación (e), explicó que la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial cumple una función consultiva clave para armonizar las decisiones supramunicipales con el POT, articulando ambiente, infraestructura, movilidad, vivienda y desarrollo económico en una visión de conjunto. También reconoció que la ciudad enfrenta dinámicas nuevas que obligan a replantear su modelo de ordenamiento: cambio climático, escasez de suelo urbanizable, crecimiento poblacional constante y fenómenos como la turistificación y la gentrificación, que impactan directamente el valor del suelo y los arriendos.

En respuesta a esos desafíos, la funcionaria presentó herramientas como el Derecho Real de Superficie y el programa Barrios de Paz, instrumentos con los que la Administración busca optimizar el uso del suelo público, fortalecer la financiación urbana y avanzar en procesos de legalización, titulación y mejoramiento de vivienda en asentamientos informales.