El estado de los parques infantiles en Medellín volvió al centro del debate público tras una sesión del Concejo en la que se expusieron problemas de seguridad, deterioro y cobertura en estos espacios, así como la necesidad de implementar estrategias integrales para su recuperación y sostenibilidad.

De acuerdo con las cifras presentadas, la ciudad cuenta con 692 parques infantiles dentro de un total de 3.061 espacios públicos de encuentro y esparcimiento. Sin embargo, las condiciones de varios de estos escenarios han generado preocupación por su impacto en la seguridad y el bienestar de la niñez.

Durante el debate, se evidenció que 88 parques se encuentran en estado crítico y que existen decenas de solicitudes de intervención pendientes, lo que refleja rezagos en mantenimiento y seguimiento.

El concejal Andrés Rodríguez señaló que, pese a las inversiones en seguridad, persisten problemáticas como consumo de sustancias, microtráfico y ocupación indebida. “Uno de cada tres parques no cuenta con vigilancia tecnológica, lo que limita la reacción ante hechos de inseguridad”, afirmó.

A su turno, el concejal SantiPerdomo indicó que la falta de presencia institucional incide en la percepción de inseguridad y en el uso indebido de estos espacios, lo que afecta directamente a la población infantil.

Desde la comunidad, también se alertó sobre el deterioro de juegos y mobiliario, así como la acumulación de residuos, lo que reduce la frecuencia de uso por parte de las familias.

Frente a este panorama, la administración distrital expuso las acciones que viene adelantando. El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo, informó que se han destinado más de 122 mil millones de pesos para intervenciones que incluyen mantenimiento, reparación de juegos y adecuación de espacios.

Asimismo, indicó que cerca de 298 parques han sido intervenidos en los últimos dos años y que se avanza en la actualización del inventario de espacio público, con un 95 % de avance, lo que permitirá mejorar la planificación de futuras obras.

En el componente social, la Secretaría de Inclusión Social destacó programas dirigidos a la niñez, mientras que desde la Subsecretaría de Seguridad se reportaron operativos del “Plan Parques”, enfocados en recuperar estos espacios mediante controles, desmontes de estructuras ilegales y acciones de sensibilización.

El debate dejó como principal conclusión la necesidad de fortalecer la presencia institucional, mejorar los sistemas de información y garantizar un seguimiento constante a las intervenciones, con el fin de evitar que los parques vuelvan a deteriorarse y puedan consolidarse como entornos seguros para las familias.

El alcalde Federico Gutiérrez presentó este martes el proyecto de un nuevo metrocable que conectará el corregimiento de San Antonio de Prado con el municipio de La Estrella. Con 5 kilómetros de extensión, seis estaciones y una inversión estimada de $1,3 billones aportados por el Distrito , será el cable aéreo comercial más largo del sistema Metro de Medellín y el séptimo en el Valle de Aburrá.

El anuncio llega en respuesta a una necesidad de movilidad histórica del corregimiento. Los desplazamientos que hoy toman entre 45 y 60 minutos se reducirían a unos 20 minutos entre el parque de San Antonio de Prado y la estación La Estrella. Eso se traduce en tiempo recuperado cada día para quienes deben viajar al trabajo, a estudiar o a acceder a servicios de salud.

El metrocable tendrá capacidad para movilizar 2.700 personas por hora por sentido, lo que equivale a alrededor de 30.000 usuarios diarios. El estimado total de personas beneficiadas supera los 210.000.

La iniciativa también funcionará como una «tercera vía» de acceso para San Antonio de Prado, en coherencia con los principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), que busca articular el crecimiento urbano alrededor de los sistemas de movilidad pública.

En este momento, el proyecto está en etapa de factibilidad. Se están evaluando la viabilidad técnica e integral, el número de cabinas y pilonas, las necesidades prediales y el presupuesto definitivo que permita una ejecución responsable.

Según el cronograma oficial, en el tercer trimestre de 2027 el proyecto entraría a la fase de contratación y adjudicación. Una vez arrancada la construcción, el plazo de ejecución sería de aproximadamente 30 meses. Si el cronograma se cumple, San Antonio de Prado podría tener su metrocable funcionando antes de que termine la primera mitad de la próxima década.

Del total de documentos que están pendientes por reclamar, 42.519 son cédulas de ciudadanía y 25.551 son tarjetas de identidad. 

Un total de 68.070 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría en el departamento de Antioquia no se han acercado a reclamar su documento. 

De los documentos pendientes por reclamar, 42.519 son cédulas de ciudadanía y 25.551 son tarjetas de identidad. Para reclamarlos, los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

Las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un (1) año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega, y para quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos (2) años. Mientras que las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento.

¿Qué ocurre si el documento no es reclamado?

De no ser reclamados los documentos, estos serán devueltos a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, custodia y el inventario de estos documentos de identidad.

Desde la Registraduría se hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a servicios del Estado, en el caso de la cédula de ciudadanía, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto