Cada vez quelluvia arrecia, reaccionamos como si fuera inesperada. Como siterritorio nos sorprendiera. Como siemergencia fuera una anomalía. No lo es.

Antioquia enfrenta una realidad objetiva en materia de riesgo climático. Entre 2019 y 2023 fuesegundo departamento con mayor número de eventos de desastres reportados porUNGRD: 1.917 emergencias,93% asociadas a fenómenos naturales y climáticos.tendencia, además, es creciente. si entre 2000 y 2010 se registraban en promedio 152 emergencias anuales, enúltima década esa cifra se triplicó. Hoy hablamos de cerca de 650 eventos por año.

El fenómeno deNiña entre 2021 y 2023 dejó casi34 mil personas damnificadas en Antioquia, más de 27 mil viviendas afectadas y 90 mil hectáreas de cultivos dañadas. Solo en 202, los costos estimados por pérdidas e impactos ascendieron a 67 mil millones de pesos. Ycontingencia actual vuelve a mostrarmagnitud del desafío: más de 7.000 personas afectadas, municipios en calamidad pública, miles de niños con escolaridad interrumpida, vías estratégicas bloqueadas, sectores productivos perdiendo millones de pesos cada día.

La pregunta no es si lloverá más.pregunta es si estamos gobernandoriesgo o simplemente administrandoemergencia.

Porqueproblema esvulnerabilidad acumulada Esfalta de planeación territorial coherente con los mapas de riesgo. Esinversión de infraestructura sin criterios robustos de resiliencia. Esausencia de sistemas de prevención suficientemente financiados. Las emergencias exigen recursos, por supuesto. También exigen rigor institucional.Constitucional contemplafigura de emergencia económica como mecanismo excepcional y transitorio. Convertirla en instrumento de política pública erosionadeliberación democrática y aumentaincertidumbre regulatoria. Y cuandorespuesta descansa casi exclusivamente en ampliar cargas tributarias extraordinarias sobresector productivo,país correriesgo de debilitarmismo motor que necesita para financiar su recuperación.

El riego climático no es solo ambiental. Es fiscal, social y económico.evidencia del Banco deRepública advierte que las pérdidas asociadas al cambio climático podrían representar entre 2% y 8% del PIB nacional a finales de siglo, dependiendo de decisiones que adoptemos hoy. Esa cifra es una advertencia estructural.

Existen caminos distintos. Durantepandemia y en múltiples contingencias regionales,articulación público- privada demostró que es posible movilizar recursos, logística y conocimiento técnico con reglas claras y trazabilidad. Mecanismos como Obras por Impuestos y los fondos regionales de cofinanciación han probado que se puede ejecutar inversión social focalizada sin paralizaractividad económica ni sacrificar estabilidad normativa.

Pero más allá de los instrumentos, lo que está en juego esenfoque. Reducir vulnerabilidades, aumentar resiliencia y mejorar eficiencia del gasto público no son repuestas coyunturales; son tareas de largo plazo. Antes de ampliar cargas extraordinarias,país necesita revisarcalidad del gasto, fortalecer capacidades institucionales y anticipar riesgos que ya conoce.

Las emergencias requieren liderazgo y cooperación. También prudencia fiscal e institucional. Atendercontingencia sin debilitarcapacidad productiva es posible se privilegiamoscorresponsabilidad,eficiencia yestabilidad de las reglas. Porque gobernarfuturo no es reacción atormenta. Es anticiparla.

Juliana Velásquez Rodríguez – presidenta ejecutiva Proantioquia……El Colombiano..febrero 2025

Faltan 30 días para que los colombianos elijan a sus Senadores y Representantes aCámara, una de las contiendas electorales más importantes de los últimos años.Congreso, en cabeza dereducida pero firme oposición liderada porCentro Democrático y Cambio Radical, ha demostrado ser un contrapeso fundamental frente a las decisiones del Presidente deRepública, especialmente cuando se trata de un mandatario como Gustavo Petro.

El archivo de dos reformas cruciales,tributaria yde salud, es prueba clara deimportancia de elegir un Congreso con independencia y autonomía frente al Ejecutivo. Si bien nuestro sistema es presidencialista,separación de poderes es piedra angular de cualquier Estado de Derecho que se respete.

Varios sondeos proyectan quePacto Histórico y sus aliados serán las fuerzas más votadas, logrando una amplia representación. De acuerdo conúltima encuesta de Atlas Intel, podrían alcanzar 28 senadores. Se avizora una repetición de lo que ocurrió en 2010 conPartido deU, entonces autodenominado “uribista”, cuando obtuvo 28 senadores, pero como dicen en mi tierra: “el día dequema se veráhumo”.

Lo cierto es que8 de marzo comienza una nueva etapa encarrera presidencial. Los resultados de las consultas influirán directamente en las preferencias, al igual quecomposición del nuevo Congreso. Si al Centro Democrático le funcionaestrategia liderada porexpresidente Uribe de conseguir al menos 25 senadores, y si Paloma Valencia ganaGran Consulta con una votación destacada, se consolidará como una opción real para competir en primera vuelta y disputarlepoder al candidato deizquierda, que estará entreheredero de Petro, Iván Cepeda, yambicioso y oportunista Roy Barreras.

Ese 8 de marzo, los colombianos tendránoportunidad de elegir legisladores capaces, con experiencia, hoja de vida intachable y visión de país. O podrán dejarse seducir por influenciadores de redes sociales, que si bien dominan un segmento digital, carecen de profundidad sobremanejo del Estado, y de compromiso con los verdaderos intereses deNación.

Ese día serágran prueba. Ojalá que los colombianos ejerzan“voto sanción” con firmeza y dignidad. Esta semana compartí una frase del presidente Milei que viene como anillo al dedo: “algo peor que un político corrupto, es un ciudadano que lo defienda”. Yo añadiría: y peor aún si vuelve a votar por él.

Colombia debe despegar, debe haber ética y responsabilidad al momento de votar.opinión pública señala y rechazacorrupción, pero muchos ciudadanos insisten en elegir a los mismos de siempre. A un gobierno que tiene dos ministros encárcel por presuntos actos de corrupción, y un alto funcionario prófugo dejusticia, Carlos Ramón, miembro del Partido Verde.

Que esta vezpaís no falle, quevoto se incline por candidatos decentes, competentes, sin tacha, y conpreparación necesaria para recuperarrumbo depatria.

Juan Espinal… febrero 2026

Desde que llegué al Congreso deRepública, me he dedicado a defenderSoberanía Energética de todos los colombianos. Fui ponente deLey de Transición Energética y deLey de Cambio Climático durantegobierno del presidente Iván Duque (en este camino, debo hacer un reconocimiento especial a un hombre que ha sido indispensable en esta lucha,exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, un gran consejero y maestro).

Tuve tambiénoportunidad de estar en los Estados Unidos, invitado porDepartamento de Estado, donde estudié a fondoherramienta del fracking, fundamental para aumentar nuestras reservas de gas natural. De igual forma, explorépotencial deenergía nuclear, una fuente probada a nivel mundial y con grandes posibilidades para Colombia.

Por eso, hoy puedo decir con preocupación, que enfrentamos un verdadero caos energético por culpa del gobierno Petro. Esta semana quedó demostrado, una vez más, que es enemigo declarado del sector energético: emitióDecreto 44, concual impone un nuevo impuesto del 2,5% para recaudar 300 mil millones de pesos, intentando taparhueco financiero de Air-e, una empresa intervenida que va rumbo al fracaso pormala gestión estatal.

El próximo Congreso y Gobierno, deben enfocarse con urgencia en construir una agenda minero-energética sólida, para evitar quepaís se apague y que los recursos del Sistema General de Regalías, vitales paradesarrollo regional, se debiliten. No se ganan elecciones solo con antipetrismo, necesitamos propuestas claras y contundentes. ¡Es hora de pasar del discurso aacción!

Debemos dar continuidad a iniciativas legislativas comodeclaratoria del gas natural como energético estratégico detransición energética, establecerseguridad energética como un derecho constitucional de tercera generación, crear una ventanilla única parasector, que agilice trámites y reducir los tiempos de licenciamiento ambiental (estas propuestas ya las hemos venido trabajando junto asenadora Paola Holguín, con quien compartimos una visión clara sobrefuturo energético del país).

Otra prioridad urgente esreglamentación deconsulta previa, que se ha convertido en una herramienta de extorsión contra empresarios y en un obstáculo paradesarrollo. Hoy, hay más de 20 mil proyectos frenados por este mecanismo, entre ellos Sirius, un hallazgo histórico de gas natural costa afuera enCaribe colombiano, explorado desdegobierno del presidente Uribe.

Una de nuestras propuestas en esta materia es eliminarincentivo económico directo a las comunidades. En su lugar, las obras y las inversiones deberán ejecutarse medianteesquema de obras por impuestos, garantizando transparencia, equidad y verdadera inversión social.

Además, es imperativo trabajar en expandir, modernizar y sanearsistema energético nacional, reactivarsector petrolero y recuperar Ecopetrol, acelerandoexploración y producción de crudo y gas, promoverminería a gran escala con inversiones en todoterritorio nacional, retomarformalización de pequeños y medianos mineros con vocación de legalidad y garantizarcobertura total del servicio eléctrico antes de 2030.

Entre las medidas excepcionales, se debe considerardeclaratoria de una emergencia energética nacional durante los primeros dos años de gobierno, esto permitiría agilizarconstrucción de infraestructura estratégica, ofrecer incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, establecer un sistema “fast-track” para licenciamiento ambiental y consultas previas.

Mi lucha continuará pordefensa de uno de los sectores más importantes del país,que genera estabilidad, mueveindustria,comercio y mantiene encendidos a más de 12 millones de hogares colombianos. También, esmotor de más de 700 mil vehículos, fundamentales paravida diaria yproductividad nacional.

La seguridad energética es libertad, es desarrollo y es justicia para todos los colombianos.

Juan Espinal… Febrero 2026