Hace pocos días celebramos, por primera vez en 50 años, nuestra Asamblea Anual de Afiliados por fuera del Valle del Aburrá. Y el lugar escogido fue Urabá, como un reconocimiento a esta región y sus empresarios e instituciones, a su realidad y sus potencialidades. Urabá es protagonista del futuro.

Urabá es mucho más que un punto en el mapa de Antioquia es el epicentro de una historia de resiliencia y promesas cumplidas. En la ancestral lengua Katío, su nombre resuena con un significado profundo: » la tierra prometida». Un territorio donde confluyen el mar, la biodiversidad, una agricultura potente y una sociedad tremendamente resiliente. Hoy, más que nunca, esta definición cobra vida, porque Urabá, es donde se están cruzando algunas de las decisiones más importantes para el futuro económico de Antioquia y Colombia.

Porque durante décadas, mientras otros hablaban de conflicto o de deuda histórica, Urabá avanzaba, a veces silenciosamente, pero siempre con una tenacidad admirable. Por eso, este es un momento para el reconocimiento de quienes creyeron cuando parecía imposible. A esos empresarios visionarios- precursores de organizaciones como Unibán, Banfrut, Greenland, Agrícola Santamaría, C.I. Tropical, Grupo 20, entre muchas otras- que supeiron ver lo que otros no veían. Ellos desafiaron la geografía, atravesaron montañas y demostraron que Urabá no es el extremo de Antioquia, sino una vibrante puerta de conexión con el mundo. Todos ellos, que con trabajo, perseverancia y visión han sostenido este territorio, merecen nuestra gratitud y profunda admiración.

Ese esfuerzo no ha pasado desapercibido. Hoy, el mundo mira a Urabá. Lo hace la CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que anunció que su apoyo para el proyecto de futuro de Urabá asciende a un millón de dólares, un voto de confianza contundente en el potencial de la región. Se suma también el compromiso del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), que brindarán cooperación técnica y explorarán oportunidades de inversión privada en sectores claves.

Esta complementariedad es esencial: mientras unos construyen condiciones institucionales y sociales, otros dinamizan la inversión. Juntos, cubrimos el ciclo completo que maximiza el impacto en la generación de empleo y prosperidad territorial.

En este marco de posibilidades, tuvimos el honor de presentar formalmente a Pro Urabá, plataforma, que nació hace seis años y hoy es una alianza consolidada, liderada por la Cámara de Comercio de Urabá y de la que hacen parte más de 15 empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo de la región. Su misión: atraer inversión, facilitar la llegada de nuevas empresas y fortalecer el entorno de negocios, impulsando el desarrollo industrial, agroindustria y logístico de Urabá.

Urabá es hoy la suma de posibilidad y realidad. Es la demostración de que el desarrollo no se decreta desde el centro; se construye en el territorio, con su gente, sus empresas y sus liderazgos. desde Urabá enviamos un mensaje claro a Colombia.

Antioquia ha sido, y seguirá siendo, una región que cree en el trabajo, en la empresa, en las instituciones y en la colaboración entre lo público y lo privado.

Una región que no responde al ruido con resentimiento, sino con resultados.

Una región que no responde a la estigmatización con confrontación, sino con desarrollo.

Por eso en Urabá reiteramos que es tiempo de elegir el futuro, de defender la democracia y de construir prosperidad colectiva.

Porque si algo nos enseña Urabá es que los territorios que se atreven a imaginar el futuro terminan construyéndolo. Urabá es no solo la tierra prometida, es el lugar de los sueños hechos realidad.

Juliana Velásquez Rodríguez…. presidenta ejecutiva Proantioquia..El Colombiano..marzo 2026.

El Gobierno de Gustavo Petro parece experto en montar espectáculos mediáticos y levantar cortinas de humo para distraer la atención pública. Un ejemplo reciente fue la solicitud del ministro de Minas y Energía, Palma, al presidente de Ecopetrol para que entregará un reporte detallado sobre la cantidad de gas natural consumido por las refinerías de la empresa durante 2025 y lo corrido de 2026.

Ese informe, conocido en febrero, confirmó lo que muchos advertían, la reposición de gas natural fue insuficiente para el país. Ecopetrol reportó un déficit de – 14,7 MBPE en 2025, una señal preocupante sobre la seguridad energética de Colombia.

Lo verdaderamente lamentable es que la empresa más importante de los colombianos se está debilitando aceleradamente bajo la ineficiente gestión de su actual presidente, Ricardo Roa. En apenas tres años, las utilidades netas de Ecopetrol han caído cerca de un 73%, mientras la acción pasó de $3.610 a cerca de $1.800.

Las consecuencias para el país son evidentes. Las transferencias al Estado fueron de $58 billones en 2023, pero cayeron a $40 billones en 2024, es decir, $17,9 billones menos.

El panorama se torna aún más oscuro si se consideran los cuestionamientos que rodean a Roa, sanciones en la Procuraduría General de la Nación y la reciente multa del Consejo Nacional Electoral por $5.900 millones, relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Pero más preocupante es que el Gobierno parece haber diseñado una ruta que debilita deliberadamente a Ecopetrol. Una de decisiones que más inquieta es la posible venta de la operación más rentable de la compañía, Permian, en Texas (Estados Unidos). Este activo representa cerca del 15% de la producción total de Ecopetrol, con aproximadamente 115.000 barriles diarios. Desprenderse de esa operación sería un error estratégico que afectaría gravemente la estabilidad financiera de la empresa.

Resulta paradójico que mientras el Gobierno colombiano insiste en su agenda ideológica contra los hidrocarburos, otros gobiernos de izquierda en la región avanzan en sentido contrario. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmado más de 150 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. En México, la presidenta ha anunciado la implementación del fracking como herramienta para fortalecer la producción energética.

Es evidente que la aversión ideológica contra el sector de hidrocarburos es una particularidad del gobierno Petro.

Este sí parece ser el gobierno del decrecimiento económico. No solo permitió que las utilidades netas de Ecopetrol cayeran de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, sino que además llevó al país a un déficit fiscal de 6,4 % del PIB y a un déficit primario de 3,5 % del PIB.

Colombia solo había registrado niveles de déficit similares en 1999 y durante la pandemia.

Se trata de un verdadero autogol a las finanzas públicas. Mientras el gasto del gobierno sigue aumentando, especialmente en burocracia, los ingresos prácticamente no crecen. Entre 2022 y 2025, el déficit primario aumentó 2,6 puntos del PIB, impulsado por un incremento del gasto primario de 2,7 puntos, mientras los ingresos se mantuvieron prácticamente estancados.

Los mercados ya empezaron a reaccionar. El mercado de deuda pública despertó de la “anestesia” generada por las operaciones de manejo de deuda, y las tasas de los TES han subido con fuerza, acercándose al 14 %.

La recuperación de Ecopetrol y de las finanzas del Estado será un enorme reto para los próximos años. La salida pasa por reactivar el sector energético, recuperar la confianza inversionista y fortalecer las alianzas público-privadas.

Porque la evidencia es clara: no existe mejor socio para el desarrollo de un país que el sector privado.

Juan Espinal….. marzo…2026

Son muchas las preocupaciones que hoy tienen los colombianos frente al desgobierno que ha generado un debilitamiento profundo de lo que funcionaba en el país. La incapacidad del presidente Petro para construir sobre lo construido ha deteriorado sectores estratégicos. El sistema de salud colapsó; la llamada “paz total” debilitó la seguridad y el orden público; y el capricho ideológico de convertirse en un líder ambiental a nivel mundial ha puesto en riesgo el sector energético del país. Este último es, sin duda, uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía.

El próximo presidente tendrá que tomar decisiones ágiles y audaces para evitar que el país se apague. Un apagón nacional sería una verdadera catástrofe para la economía, se paralizarían la industria y el comercio, se alteraría la vida cotidiana de millones de colombianos, y cada hora sin energía costaría cerca de 200 mil millones de pesos, según el Banco de la República.

Si Colombia se apaga por decisiones equivocadas del actual gobierno, cabe preguntarse, ¿cómo se recargarían los cerca de 80 millones de celulares que hay en el país? ¿Cómo operarían más de 450 mil tiendas, hospitales, escuelas, cámaras de seguridad, vehículos eléctricos y el Metro de Medellín, que moviliza a más de un millón de usuarios diarios en el Valle de Aburrá? La magnitud del impacto sería incalculable.

Una de las decisiones necesarias sería declarar una emergencia energética, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que los estados de emergencia permiten adoptar medidas excepcionales y temporales estrictamente necesarias para superar una grave perturbación del orden económico y social (por ejemplo, sentencias C-122 de 1997, C-216 de 2011, C-466 de 2017 y C-145 de 2020). Bajo este marco, el Gobierno podría declarar una emergencia económica con enfoque energético ante el riesgo cierto e inminente de desabastecimiento y pérdida de confiabilidad del sistema nacional.

En este contexto, y atendiendo el principio de proporcionalidad exigido por la Corte, se implementaría un sistema “fast track” para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, limitado a los primeros dos años de gobierno y exclusivamente para proyectos estratégicos de seguridad nacional en el sector minero-energético. Este esquema no eliminaría requisitos ambientales ni sociales; por el contrario, integraría trámites, reduciría duplicidades, establecería ventanillas únicas y armonizaría plazos perentorios, garantizando simultáneamente el respeto por los derechos fundamentales y la participación efectiva de las comunidades.

Asimismo, se propondría un régimen temporal de incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, sustentado en la doctrina de la Corte sobre la validez de los contratos de estabilidad en escenarios de interés público. El objetivo sería atraer un flujo masivo de inversión privada hacia proyectos estratégicos del sector minero-energético. Este régimen podría incluir aceleración de depreciaciones, deducciones especiales para inversiones en seguridad energética y beneficios para proyectos de suministro en firme y expansión minera responsable, siempre condicionados al cumplimiento de estándares ambientales y planes de relacionamiento social, con el fin de restablecer la seguridad energética nacional.

Solo con determinación, responsabilidad y voluntad política se podrá evitar que Colombia se apague.

Juan Espinal …. Febrero 2026