El miércoles pasado Medellín Cómo Vamos celebró veinte años. En el auditorio estaban casi todos los alcaldes que ha tenido la ciudad en dos décadas. Personas que han defendido visiones de ciudad distintas y que han competido por los mismos votos, se sentaron en el mismo salón para ver cómo ha cambiado la ciudad. Pocas ciudades en Colombia pueden reunir a quienes las han gobernado para mirar juntos sus cifras. Ese gesto dice mucho del programa y de la ciudad que lo ha sostenido.

Medellín Cómo Vamos nació en Proantioquia en 2006, de la mano de EAFIT, la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Medellín y El Colombiano, a los que luego se sumaron Comfama y Comfenalco. Hoy llega la Fundación SURA. En veinte años ha medido a seis administraciones con la misma vara. Ningún alcalde escogió los indicadores. Ninguno redactó preguntas de la encuesta. Ninguno decidió qué se publicaba. Y cuando una administración no entendió el valor de ser medida, el programa siguió midiendo y siguió publicando. Esa terquedad ha tenido costos. Cada uno de ellos ha valido la pena.

Los datos cuentan una historia que nadie puede reclamar para sí solo. La tasa de homicidios pasó de 194,8 por cada cien mil habitantes a 13,9. La pobreza monetaria bajó de 29,5% a 14,6%. Eso lo lograron gobiernos de orillas distintas, cada uno recibiendo una ciudad en marcha y entregando otra. Así se construyen las ciudades que perduran: por capas, reconociendo lo que se heredó y sembrando lo que otros van a cosechar.

Esos mismos datos nos enfrentan al espejo de los retos colectivos. De cada cien niños que empiezan transición, solo setenta llegan hasta grado once sin interrumpir el camino. Entre 2004 y 2024, los hogares propietarios pasaron de 61% a 48%. En el suroriente se gana hasta cinco veces lo que se gana en el nororiente, una brecha que casi no se mueve desde 2010. Hoy uno de cada cinco medellinenses es adulto mayor; hace veinte años era uno de cada diez. Y la principal preocupación de la gente dejó de ser el empleo para ser la salud. Ninguna de esas cifras tiene partido. La repitencia escolar no vota. El precio del arriendo no milita. Frente a un problema de ciudad hay quienes lo usan como argumento contra el adversario y hay quienes lo asumen como tarea de todos. Medellín ha avanzado cada que ha escogido valientemente lo segundo. Construir ciudad.

Por eso la independencia de Medellín Cómo Vamos es patrimonio de la ciudad entera. Se parece más a un acueducto que a una bandera: le sirve a todos y deja de servir el día en que alguien intenta quedarse con ella. Cuidarlo es responsabilidad de los aliados, de los gobiernos y de la ciudadanía, sobre todo en los momentos en que resulta tentador usarla a favor propio.

Medirse es de valientes. Quien se mide acepta que el resultado puede no gustarle, y decide mirarlo de todas maneras. Gracias a los alcaldes y a sus equipos, que entregaron su información aun sabiendo que podía incomodarlos. Gracias al equipo de Cómo Vamos y a su directora, Mónica Almonacid. Y gracias a los miles de ciudadanos que cada año responden la encuesta convencidos de que su percepción también cuenta.

Saber cómo vamos es saber hacia dónde vamos. Mirarnos al espejo de nuestros logros, retos y oportunidades, es garantía de futuro.

Juliana Velásquez Rodríguez…. presidenta ejecutiva Proantioquia..septiembre 2026.

El presidente Abelardo de la Espriella asumió el pasado 7 de agosto con un compromiso claro, anunciado desde Cali y consignado en su Plan de la Patria Milagro, reactivar la actividad petrolera y gasífera mediante nuevos contratos de exploración y avanzar con determinación en el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia.

Comparto plenamente ese propósito. Colombia necesita explorar, producir y recuperar su soberanía energética. Pero esa reactivación debe venir acompañada de un mensaje igualmente contundente para las comunidades: la riqueza que se genera en los territorios debe traducirse también en desarrollo, inversión y oportunidades para las regiones productoras.

Por eso hemos radicado un proyecto de ley sencillo, de apenas cinco artículos, pero con un enorme impacto regional. La propuesta busca que una parte de los recursos que las empresas de petróleo, gas y minería ya pagan al Estado llegue directamente a los municipios donde se desarrollan esas actividades.

Quiero subrayarlo, no estamos creando un nuevo impuesto, ni una nueva contribución, ni aumentando las cargas económicas sobre el sector minero-energético. Sería un error hacerlo en momentos en que Colombia necesita recuperar la inversión y la confianza. Estamos proponiendo distribuir territorialmente una parte de recursos que los operadores ya pagan y que actualmente son recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Cuando una empresa firma un contrato con el Estado colombiano para explorar o producir hidrocarburos, normalmente la ciudadanía piensa inmediatamente en las regalías. Sin embargo, existen otros derechos económicos asociados a estos contratos, entre ellos el canon superficiario y la participación en la producción.

El canon superficiario genera recursos desde etapas tempranas asociadas al área contratada. Por su parte, la Participación en la Producción, contemplada contractualmente como un derecho económico adicional, se genera cuando existe producción comercial. Son recursos que ya forman parte de las obligaciones económicas de los operadores.

Y las cifras demuestran que no estamos hablando de cantidades menores. Durante 2025, la ANH recaudó aproximadamente $109.970 millones por canon superficiario y $1,13 billones por Participación en la Producción. A su vez, la ANM recaudó cerca de $12.098 millones por concepto de canon superficiario minero. En conjunto, estos conceptos representaron aproximadamente $1,25 billones durante una sola vigencia.

Nuestra propuesta es sencilla, que una parte de esos recursos regrese directamente al territorio que contribuye a generarlos.

Para los contratos y títulos vigentes, el proyecto propone transferir a los municipios beneficiarios el 20 % de estos recaudos. Tomando como referencia las cifras de 2025, estaríamos hablando de aproximadamente $250.691 millones que podrían beneficiar a cerca de 505 municipios.

Pero queremos ir más allá con la nueva etapa de reactivación energética del país. Para los nuevos contratos que se suscriban bajo la vigencia de esta ley, la participación destinada directamente a los municipios sería del 30 %.

Ese porcentaje puede cambiar la relación entre las comunidades y los proyectos minero-energéticos. Los recursos llegarían directamente a las entidades territoriales beneficiarias, sin incorporarse al Sistema General de Regalías ni depender de la aprobación de los OCAD. Los alcaldes podrían incorporarlos a sus presupuestos de inversión y ejecutarlos de acuerdo con sus Planes de Desarrollo Territorial, priorizando necesidades esenciales como agua potable, saneamiento básico, salud, educación, vías terciarias y electrificación rural.

Esto es especialmente importante para los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde unos cuantos miles de millones de pesos adicionales pueden significar la construcción de un acueducto, la pavimentación de una vía rural, el mejoramiento de una escuela, infraestructura de salud o energía para una vereda.

Ahí está el verdadero sentido de la iniciativa: que las comunidades puedan ver y sentir los beneficios de la actividad productiva que ocurre en sus territorios.

Durante años hemos cometido un error. Llegamos a las regiones a hablarles de exploración, producción, reservas, barriles, regalías y seguridad energética, mientras muchas comunidades preguntan algo mucho más sencillo: ¿qué gana nuestro municipio?

La reactivación petrolera y gasífera que propone el presidente De la Espriella abre una oportunidad extraordinaria. Si Colombia vuelve a adjudicar áreas, suscribe nuevos contratos y avanza responsablemente en proyectos de yacimientos no convencionales, las comunidades productoras deben convertirse en protagonistas de esa nueva etapa.

Para un alcalde del Piedemonte Llanero, del Magdalena Medio, de la Costa Caribe o de cualquier región productora, esta propuesta significa algo concreto: con un nuevo contrato en su territorio no tendría que esperar necesariamente hasta que comience la producción comercial para empezar a percibir beneficios económicos. Desde las etapas iniciales, el canon superficiario podría comenzar a generar recursos para inversión local. Y cuando llegue la producción, el municipio recibiría directamente el porcentaje correspondiente de la Participación en la Producción.

Esto también ayudará a construir confianza. Las comunidades estarán más dispuestas a respaldar proyectos responsables cuando puedan comprobar que la actividad minero-energética se transforma en mejores vías, agua potable, colegios, hospitales, electrificación y oportunidades para sus habitantes.

Colombia necesita recuperar la inversión, aumentar sus reservas, producir más petróleo y gas y desarrollar responsablemente sus recursos naturales. Pero también necesita construir una relación diferente con las regiones que hacen posible esa riqueza.

La Patria Milagro que propuso el presidente De la Espriella también debe construirse desde los municipios productores. No podemos pedirles a las regiones que aporten durante décadas a la riqueza nacional sin garantizar que una parte de esos recursos se traduzca directamente en progreso para sus comunidades.

Son apenas cinco artículos, pero contienen un principio poderoso: donde se produce la riqueza, también debe sentirse el desarrollo.

Es hora de saldar esa deuda histórica con las regiones productoras.

Juan Espinal… Senador de la República ..septiembre 2026

Doña Ofelia se quedó sin casa en una vereda cafetera de Ciudad Bolívar. En un albergue del Chocó, Isabela, Luis y David acompañaron a familia que enterraban a los suyos. En la vereda El Plomo en Pereira, Nanpa Básico y un grupo de jóvenes aprendieron a leer una grieta antes de aprender a repararla. Ninguna de estas historias aparece en un informe y ninguna cabe en una cifra, y sin embargo en ellas pasa lo más hondo que hoy le pasa al país. La reconstrucción de Colombia tiene el tamaño de una casa, de un albergue, de una pared partida. Esta semana quiero contarla así, como se cuentan siempre las cosas que de verdad importan, con nombres propios.

A doña Ofelia se le cayó la casa. No hubo que explicarle a sus vecinos de la vereda Jaramillo, en Ciudad Bolívar, qué hacer con lo que quedó en pie: la misma comunidad hizo convite para tumbar los escombros, sacarlos y dejar el predio listo para que pronto llegue su nuevo hogar de la mano de la Fundación Argos. Una comunidad que vive del café, de la mula que carga bultos y la polea que los transporta por la montaña, se organizó en medio de la emergencia para ayudarle. La reconstrucción, ahí, ya empezó antes de que llegara el primer ladrillo.

En el Chocó, la reconstrucción tomó otra forma. La Gobernación pidió apoyo psicosocial para las comunidades afectadas, y desde la Corporación Presentes, con su aliado Emergencia Apolo, Isabela, Luis y Davis pasaron una semana recorriendo albergues y territorios. Atendieron niños, acompañaron a familias que enterraban a los suyos, hicieron remisiones cuando la angustia superaba lo que una conversación podía resolver. En el coliseo Bladimiro Garcés y en el resguardo indígena Emberá Dobidá, caracterizado por necesidades. qué faltaba, quién lo necesitaba, cómo dirigir la ayuda que venía en camino. Reconstruir, ahí, significó cuidar la salud mental para que las personas tuvieran con qué enfrentar todo lo demás.

Y en la vereda El Plomo, en Pereira, tres viviendas quedaron con daños estructurales que un ojo entrenado sabe leer: cubiertas colapsadas, tejas agrietadas, placas asentadas sobre rellenos mal compactados. Nanpa Básico, figura del rap nacional, acompañado por jóvenes del Movimiento Sociocultural Transformadores Ongoing, hizo el diagnóstico técnico antes de mover un solo material: qué se podía consolidar, reforzar, reemplazar. Cuando el diagnóstico ya estaba listo, quisimos aprender de esta dinámica y ojalá sumar con nuestras capacidades. No inventamos el proceso ni lo lideramos: encontramos una ya uno organizado y nos sumamos con agilidad, lo que permitió que la obra empezara en menos de una semana.

Estas historias nos enseñan algo simple: que la reconstrucción no es una sola cosa mi la hace un solo actor: unas veces es una comunidad que convoca a vecinos, otras un acompañamiento que no toca ni ladrillos, y otras un diagnóstico técnico esperando que alguien responda rápido. El papel de instituciones como la nuestra no siempre es empezar el proceso ni liderarlo; muchas veces es reconocer uno en marcha, y sumarnos con lo que tenemos sin quitarle protagonismo a quien lo inició.

Cuando alguien pregunte en años, si la reconstrucción funcionó, la respuesta va a estar más allá de las cifras. La encontraremos en doña Ofelia durmiendo bajo un techo propio, en los niños atendidos en el Chocó a jugar sin sobresaltos, en las tres casas de El Pomo que resistieron el próximo aguacero. En los nombres de personas y comunidades vivas sabremos si reconstruimos bien. Que no se nos olvide, el anuncio solo importa en la medida en que as víctimas nos sienten cerquita, donde la coherencia se traduce en ejecución rápida y en la medida en que nos articulamos para el único propósito de salir de esta emergencia juntos, fortalecidos y mejor de lo que estabamos.

Juliana Velásquez Rodríguez.. presidenta ejecutiva Proantioquia… septiembre 2026.