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Evitar que Colombia se apague
Son muchas las preocupaciones que hoy tienen los colombianos frente al desgobierno que ha generado un debilitamiento profundo de lo que funcionaba en el país. La incapacidad del presidente Petro para construir sobre lo construido ha deteriorado sectores estratégicos. El sistema de salud colapsó; la llamada “paz total” debilitó la seguridad y el orden público; y el capricho ideológico de convertirse en un líder ambiental a nivel mundial ha puesto en riesgo el sector energético del país. Este último es, sin duda, uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía.
El próximo presidente tendrá que tomar decisiones ágiles y audaces para evitar que el país se apague. Un apagón nacional sería una verdadera catástrofe para la economía, se paralizarían la industria y el comercio, se alteraría la vida cotidiana de millones de colombianos, y cada hora sin energía costaría cerca de 200 mil millones de pesos, según el Banco de la República.
Si Colombia se apaga por decisiones equivocadas del actual gobierno, cabe preguntarse, ¿cómo se recargarían los cerca de 80 millones de celulares que hay en el país? ¿Cómo operarían más de 450 mil tiendas, hospitales, escuelas, cámaras de seguridad, vehículos eléctricos y el Metro de Medellín, que moviliza a más de un millón de usuarios diarios en el Valle de Aburrá? La magnitud del impacto sería incalculable.
Una de las decisiones necesarias sería declarar una emergencia energética, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que los estados de emergencia permiten adoptar medidas excepcionales y temporales estrictamente necesarias para superar una grave perturbación del orden económico y social (por ejemplo, sentencias C-122 de 1997, C-216 de 2011, C-466 de 2017 y C-145 de 2020). Bajo este marco, el Gobierno podría declarar una emergencia económica con enfoque energético ante el riesgo cierto e inminente de desabastecimiento y pérdida de confiabilidad del sistema nacional.
En este contexto, y atendiendo el principio de proporcionalidad exigido por la Corte, se implementaría un sistema “fast track” para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, limitado a los primeros dos años de gobierno y exclusivamente para proyectos estratégicos de seguridad nacional en el sector minero-energético. Este esquema no eliminaría requisitos ambientales ni sociales; por el contrario, integraría trámites, reduciría duplicidades, establecería ventanillas únicas y armonizaría plazos perentorios, garantizando simultáneamente el respeto por los derechos fundamentales y la participación efectiva de las comunidades.
Asimismo, se propondría un régimen temporal de incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, sustentado en la doctrina de la Corte sobre la validez de los contratos de estabilidad en escenarios de interés público. El objetivo sería atraer un flujo masivo de inversión privada hacia proyectos estratégicos del sector minero-energético. Este régimen podría incluir aceleración de depreciaciones, deducciones especiales para inversiones en seguridad energética y beneficios para proyectos de suministro en firme y expansión minera responsable, siempre condicionados al cumplimiento de estándares ambientales y planes de relacionamiento social, con el fin de restablecer la seguridad energética nacional.
Solo con determinación, responsabilidad y voluntad política se podrá evitar que Colombia se apague.
Juan Espinal …. Febrero 2026
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Congreso y Región: Antioquia en acción
En 2025, catorce millones y medio de pasajeros pasaron por el aeropuerto José María Córdova. Puerto Antioquia ya opera en el golfo de Urabá. El departamento cerró ese año con 26 proyectos de Obras por Impuestos que suman más de $420.000 millones. Y, al mismo tiempo, cerca de 575.000 hogares antioqueños viven en déficit habitacional, y en los municipios de alta ruralidad hasta uno de cada cuatro niños menores de cinco años no recibe educación inicial.
Esa es Antioquia: un motor que aporta cerca del 15 % del PIB nacional y, a la vez, un territorio con tareas pendientes.
La semana pasada, Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Comfama, junto con otros diez gremios e instituciones, nos reunimos con la bancada antioqueña en el Congreso para entregarle Los grandes temas de Antioquia 2026-2030. Son seis frentes: infraestructura estratégica y conectividad regional; salud y bienestar; educación; energía y sostenibilidad ambiental; hábitat, vivienda y seguridad alimentaria, y Obras por Impuestos.
Cada uno llega con un diagnóstico riguroso, con cuellos de botella identificados y con rutas de acción concretas, que es lo que separa una agenda de trabajo de una lista de deseos. Y el momento importa. El Gobierno Nacional construye el Plan Nacional de Desarrollo y todas las regiones, con razón, buscan que sus necesidades y sus proyectos queden incluidos. En esa conversación la diferencia la hace el método: priorizar ejes e intervenciones, darles sentido de realidad financiera y proponer rutas posibles para lograrlas.
Antioquia llegó al ejercicio con los representantes a la Cámara de Antioquia con las manos llenas, más a ofrecer que a pedir. Ofrece capacidad, aporta conocimiento y pone a disposición del país sus herramientas para el desarrollo.
Detrás hay una cultura que es identitaria: la articulación antioqueña con propósitos comunes. Toda la institucionalidad privada del departamento se unió para poner al servicio de sus congresistas lo que mejor sabe hacer, producir conocimiento, estructurar proyectos y sacarlos adelante.
Estamos listos para acompañar a la bancada antioqueña y a sus equipos legislativos con información técnica y con expertos en cada tema, para que estas recomendaciones se conviertan en proyectos de ley, en gestiones presupuestales y en debates de control político. Queremos que los grandes anhelos de Antioquia queden plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, y vamos a hacerles seguimiento, tema por tema, hasta que sean realidad.
En la bancada hay distintos partidos y distintas miradas, y esa diversidad le da legitimidad a un propósito que es de todos. Antioquia construye desde la diferencia. Esta es una agenda de Antioquia para Colombia. Los corredores 4G y los accesos a Puerto Antioquia, cuando estén terminados, le abrirán una puerta al comercio exterior del país, mucho más allá de Urabá. La seguridad jurídica de Obras por Impuestos les sirve a nuestros municipios tanto como a los territorios más golpeados por el conflicto en Colombia. Y con una demanda de energía que crece al 4,2 % anual, más rápido que la nueva generación, una transición ordenada se convierte en un asunto de seguridad nacional.
Fortalecer a Antioquia es fortalecer su capacidad de seguir aportando, como lo ha hecho históricamente, al crecimiento y al bienestar de Colombia. A Colombia la construimos desde las regiones. Y en Antioquia tenemos claro nuestro espíritu: colaboración entre sectores, respaldo a las instituciones y a quienes las representan, y el horizonte puesto en un futuro que obedezca a un propósito colectivo. Congreso y región. Antioquia, en acción.
Juliana Velásquez Rodríguez …..presidenta ejecutiva Proantioquia..octubre 2026
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Las formas de futuro
Las mejores cosas en la Colombia de las últimas décadas han sido consecuencia del trabajo articulado entre lo público y lo privado. Las vías, los puertos, los aeropuertos; las alianzas para luchar contra el hambre, por la educación, por la defensa de la democracia. Nueve de cada diez viajes aéreos en el país salen o llegan a un aeropuerto concesionado. Casi ocho mil kilómetros de la red vial nacional están en manos de concesionarios, pavimentados de punta a punta, y las autopistas de cuarta generación están dejando más de mil kilómetros de doble calzada, 141 túneles y 1.300 viaductos donde antes había cordillera. Desde 1991 la carga del comercio exterior entra y sale por puertos que construyeron y operan privados. Cuántas emergencias no hemos enfrentado juntos, a cuánta maldad no hemos sobrevivido juntos, sector público y sector privado.
Pasa igual en la salud, la educación y el cuidado. Cuatro de diez mejores hospitales de América Latina están en Colombia y tres son fundaciones sin ánimo de lucro, como el Pablo Tobón Uribe y el San Vicente en Medellín. El 43 por ciento de los estudiantes de educación superior y ocho de cada diez de posgrado se forman en instituciones privadas que por ley no tienen ánimo de lucro. Los más de 1,7 millones de niños que atiende el ICBF en primera infancia reciben su educación inicial de entidades sin ánimo de lucro que operan el servicio en todo el país. Y los fondos privados administran el ahorro pensional de 19 millones de trabajadores, más de 500 billones de pesos.
Entre el Estado y el mercado hay un lugar poco visible donde se han gestado las grandes transformaciones de este país. Allí los empresarios dejan por un rato la empresa, se sientan con otros que piensan distinto, o que incluso son su competencia, y mirar el territorio como se mira un bien común. Son instituciones del sector privado como fundaciones, corporaciones cívicas, gremios, programas que han apostado a medir, mesas que convocan. En Antioquia, por ejemplo, no habríamos sobrevivido a la época oscura del narcotráfico de los ochenta y noventa sin resiliencia del sector privado y la valentía de quienes tuvieron a cargo lo público. Mucho menos habrían podido los gobiernos de entonces pensar en desarrollo, en un metro, en un aeropuerto, sin unos empresarios articulados y decididos a no dejarse arrebatar el futuro por nadie.
La articulación público-privada ha sido positiva en todos los escenarios. “No existen empresas exitosas en sociedades fracasadas” ha sido nuestro principio en Proantioquia. El trabajo en equipo entre lo público y lo privado garantiza la materialización de sueños comunes y la sostenibilidad de planes de largo alcance. La institucionalidad privada puede guardar legados de gobiernos visionarios y cuidar la democracia cuando la coyuntura la pone a prueba.
Para trabajar en equipo no se necesitan acuerdos absolutos. Se necesita un sueño compartido, una visión colectiva de futuro y la voluntad de construir, cada uno desde sus capacidades, un territorio que sin duda alguna todos queremos ver prosperar. En perspectiva, entonces, no se cuidan las esquinas ni se privilegia el individualismo; se protege la posibilidad de colaboración y la convicción del complemento. Se cuida la independencia y se valora el disenso, tanto del sector público como de la institucionalidad privada, pues son las herramientas más valiosas de la construcción colectiva.
Es cierto que en este mundo que cambia cada vez a mayor velocidad, revisarse y transformarse es necesario. Adaptarse para avanzar es indispensable. Incluir y darle relevancia a las nuevas voces de un sector privado dinámico es urgente. El rol de las instituciones privadas siempre encontrará un matiz en la coyuntura. Hay épocas en que nos toca sostener, defender, cuidar. Otras en que podemos construir, crear, colaborar. Este es un tiempo para construir. Pero tenemos una constante que para Colombia y su democracia ha sido fundamental: la convicción absoluta de la importancia de nuestro papel en su agernda de desarrollo.
Se puede ser disruptivo y cuidar las formas al mismo tiempo. Cuidar las formas es cuidar las palabras, el tono con el que hablamos de quienes piensan distinto, lo que decimos en las redes, donde todo se escribe rápido y se lee para siempre. Y cuidar las formas es también sentarse a tener conversaciones francas, las difíciles, las que incomodan, porque esas son las que construyen. Lo que permanece son las instituciones fuertes, las reglas se respetan, los acuerdos que sobreviven a quienes los firmaron. Esa es la plataforma de la confianza, y la confianza es el único material con el que se construye a largo plazo. Un país que quiere cambiar rápido necesita, más que ninguno, un piso firme desde el cual dar el salto.
Una Colombia próspera y segura es el sueño en el que hoy nos encontramos. Un sueño que podemos lograr se concentramos nuestros esfuerzos en trabajar juntos. Un sueño que podemos lograr si integramos las miradas de cada uno, con independencia y respeto por el disenso. cuidar las instituciones es proteger el legado que queremos construir.
Juliana Velásquez Rodríguez..presidenta Ejecutiva Proantioquia ……octubre 2026
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Si el agro crece, Colombia gana
Colombia tiene 39 millones de hectáreas aptas para la agricultura. Siembra 5,5 millones. Usamos apenas el 14% de lo que la tierra nos ofrece. Tenemos una oportunidad con cara de mas de 30 millones de hectáreas. Tenemos también unos activos cada vez mas escasos: tierra, agua, clima, gente trabajadora y un mundo que cada año demanda más alimentos.
Y, sin embargo, importamos el 82% del maíz, el 95% de la soya y el 99% del trigo que consumimos. Más de la mitad de los productores no tiene título de su finca, el 83% no recibe asistencia técnica y casi nueve de cada diez nunca han solicitado un crédito. En Antioquia, la edad promedio de quien trabaja la tierra es de 57 años. El campo que alimenta al país sigue esperando que el país lo mire como motor y no como deuda.
Que lo mire con creatividad, impulso, prospectiva y decisión.
Eso puede cambiar. La agenda del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, apunta en la dirección correcta: sembrar 1,5 millones de nuevas hectáreas, formar a 70.000 jóvenes bachilleres rurales en Escuelas de Emprendimiento Rural, ofrecer crédito ágil y de largo plazo, y blindar jurídicamente la propiedad rural con reglas claras y un Código Agrario Único.
Esto último lo debemos entender como el gran punto de partida de la transformación: Sin seguridad jurídica sobre la tierra no hay crédito, no hay inversión, no hay futuro que se pueda planear. Un campesino con título es un empresario posible. Un inversionista con reglas claras es un aliado del territorio en el largo plazo. Y es que esta tierra llena de posibilidades necesita eso: reglas claras de largo plazo que habiliten transformaciones sostenidas, inversiones seguras y articulaciones público-privadas que garanticen que las políticas públicas trasciendan la administración de turno.
En la reciente visita del ministro a Proantioquia pasamos de las ideas a los compromisos. Con el Ministerio acordamos trabajar juntos en la seguridad jurídica de la tierra; agilizar los estudios para la primera zona franca agroindustrial del país, en Urabá; instalar allí CASA, un Centro de Atención de Servicios Agropecuarios que reunirá en un solo lugar al ICA, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, los bancos y los proveedores de insumos; y construir un plan de fomento para que Urabá crezca en plátano, banano, palma, frutas y granos.
Desde Proantioquia haremos el estudio de potencial para las nueve subregiones de Antioquia, con prioridad inicial en Urabá, y acompañaremos los centros de emprendimiento rural, porque ahí está el futuro de nuestra agroindustria.
No partimos de cero. Desde 2022, AgCenter, el hub de innovación agroalimentaria que nació con la Gobernación, la Universidad de Antioquia y Agrilink, ha lanzado más de 18 retos, conectado más de 70 startups y financiado más de 11 pilotos con empresas que jalonan las cadenas del cacao, el café, la leche y el plátano. Por eso, entre nuestras diez movidas para el Plan Nacional de Desarrollo, proponemos escalarlo como plataforma nacional. Hoy solo el 5% de los productores del país incorpora algún tipo de innovación. Ahí está la frontera por conquistar.
Fortalecer el agro es generar riqueza. Fortalecer el agro es ganar en soberanía alimentaria: producir lo que comemos. Fortalecer el agro es dignidad para los pequeños productores y oportunidad para las grandes industrias agropecuarias. Fortalecer el agro es desarrollo para las regiones que más lo esperan. Fortalecer el agro es bienestar para Colombia.
El campo no es el problema que hay que administrar. Es la solución que hemos tardado en ver.
Estamos listos. Si el agro crece, Colombia gana.
Juliana Velásquez Rodríguez…presidenta ejecutiva Proantioquia.. Septiembre
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