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Una brújula calibrada

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La carta de navegación de los gobiernos se imprime en su plan de desarrollo. Es una herramienta sagrada e indispensable. Tiene el mandato constitucional de mejorarles la calidad de vida, de forma equitativa, a todas las personas, generaciones y territorios. Su contenido, además de técnico y riguroso, debe ser realizable.

El actual plan, que hace trámite en el Congreso, y que nos rige desde este año hasta 2026 costaría 1,048 billones de pesos. Una cifra que proviene de la plata de cada uno de los colombianos. Para aterrizar este número podríamos decir que con ese presupuesto es posible construir 80 Metros de Bogotá o 300 veces el Metro de la 80 en Medellín.

Definir y priorizar a dónde van los recursos, que son esfuerzo de todos, familias, trabajadores y empresarios, es una responsabilidad que nos invita a particiapar y hacer control.

En Proantioquia, como parte de nuestra esencia en casi medio siglo de existencia, hemos participado en esas discusiones públicas y para este cuatrienio tenemos alertas y reflexiones que hemos socializado con la bancada de los congresistas antioqueños y el Gobierno Nacional en temas de educación y cultura, paz, infraestructura, desarrollo rural, pobreza y seguridad alimentaria.

En educación: cierre de brechas entre lo rural y lo urbano. Y proponemos una política pública de educación rural que garantice infraestructura, conectividad, dotación, didáctica y fortalecimiento docente en básica primaria y secundaria. Además, fortalecer el sistema de educación superior que, con instituciones oficiales y no oficiales, merece un tratamiento equitativo para lograr metas de cobertura y calidad.

Con el éxito del mecanismo de obras por impuestos, sugerimos la creación de Becas por Impuestos y alcanzar mejoras en cobertura de educación postsecundaria.

Alzamos la mano también porque hay que acelerar la implementación de Política Nacional del Cuidado que permita a más mueres trabajar y tener autonomía económica. También aclarar el rol del Ministerio de Igualdad y como los nuevos subsidios anunciados para familias vulnerables, con los existentes de familias en acción, jóvenes en acción, Colombia Mayor y devoluciones del IVA, llegarán a quienes lo necesitan.

Alerta: nos preocupa la ausencia de una apuesta por la salud mental, especialmente para los jóvenes y cuidadores.

La apuesta del gobierno por la «economía popular», debe simplificar la formalización como el mejor camino para lograr el aumento en la productividad. El Congreso debe calibrar muy bien el impacto que tendrá un sistema de contratación más rígido.

Las vías secundarias y terciarias son los vasos sanguíneos que conectan al mundo rural con las principales arterias, además de las 5G y las dobles calzadas que se requieren para el desarrollo y la productividad.

Necesitamos certezas sobre como las ideas en el Plan de Desarrollo se harán realidad y serán consecuentes con las reformas que hacen trámite en el ejecutivo.

Estaremos en el camino para ser vigilante, señalar oportunidades y estar dispuesto a movilizar acciones viables con propósitos claros. Esta hoja de ruta deberá aprobarse antes del próximo7 de mayo. Estamos en cuenta regresiva.

Esperamos que el Congreso calibre la brújula, que es el Plan de Desarrollo del país, para que vayamos en el la dirección correcta.

María Bibiana Botero Carrera… presidenta ejecutiva de Proantioquia… El Colombiano..abril 2023

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Más recursos para los municipios productores

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El presidente Abelardo de la Espriella asumió el pasado 7 de agosto con un compromiso claro, anunciado desde Cali y consignado en su Plan de la Patria Milagro, reactivar la actividad petrolera y gasífera mediante nuevos contratos de exploración y avanzar con determinación en el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia.

Comparto plenamente ese propósito. Colombia necesita explorar, producir y recuperar su soberanía energética. Pero esa reactivación debe venir acompañada de un mensaje igualmente contundente para las comunidades: la riqueza que se genera en los territorios debe traducirse también en desarrollo, inversión y oportunidades para las regiones productoras.

Por eso hemos radicado un proyecto de ley sencillo, de apenas cinco artículos, pero con un enorme impacto regional. La propuesta busca que una parte de los recursos que las empresas de petróleo, gas y minería ya pagan al Estado llegue directamente a los municipios donde se desarrollan esas actividades.

Quiero subrayarlo, no estamos creando un nuevo impuesto, ni una nueva contribución, ni aumentando las cargas económicas sobre el sector minero-energético. Sería un error hacerlo en momentos en que Colombia necesita recuperar la inversión y la confianza. Estamos proponiendo distribuir territorialmente una parte de recursos que los operadores ya pagan y que actualmente son recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Cuando una empresa firma un contrato con el Estado colombiano para explorar o producir hidrocarburos, normalmente la ciudadanía piensa inmediatamente en las regalías. Sin embargo, existen otros derechos económicos asociados a estos contratos, entre ellos el canon superficiario y la participación en la producción.

El canon superficiario genera recursos desde etapas tempranas asociadas al área contratada. Por su parte, la Participación en la Producción, contemplada contractualmente como un derecho económico adicional, se genera cuando existe producción comercial. Son recursos que ya forman parte de las obligaciones económicas de los operadores.

Y las cifras demuestran que no estamos hablando de cantidades menores. Durante 2025, la ANH recaudó aproximadamente $109.970 millones por canon superficiario y $1,13 billones por Participación en la Producción. A su vez, la ANM recaudó cerca de $12.098 millones por concepto de canon superficiario minero. En conjunto, estos conceptos representaron aproximadamente $1,25 billones durante una sola vigencia.

Nuestra propuesta es sencilla, que una parte de esos recursos regrese directamente al territorio que contribuye a generarlos.

Para los contratos y títulos vigentes, el proyecto propone transferir a los municipios beneficiarios el 20 % de estos recaudos. Tomando como referencia las cifras de 2025, estaríamos hablando de aproximadamente $250.691 millones que podrían beneficiar a cerca de 505 municipios.

Pero queremos ir más allá con la nueva etapa de reactivación energética del país. Para los nuevos contratos que se suscriban bajo la vigencia de esta ley, la participación destinada directamente a los municipios sería del 30 %.

Ese porcentaje puede cambiar la relación entre las comunidades y los proyectos minero-energéticos. Los recursos llegarían directamente a las entidades territoriales beneficiarias, sin incorporarse al Sistema General de Regalías ni depender de la aprobación de los OCAD. Los alcaldes podrían incorporarlos a sus presupuestos de inversión y ejecutarlos de acuerdo con sus Planes de Desarrollo Territorial, priorizando necesidades esenciales como agua potable, saneamiento básico, salud, educación, vías terciarias y electrificación rural.

Esto es especialmente importante para los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde unos cuantos miles de millones de pesos adicionales pueden significar la construcción de un acueducto, la pavimentación de una vía rural, el mejoramiento de una escuela, infraestructura de salud o energía para una vereda.

Ahí está el verdadero sentido de la iniciativa: que las comunidades puedan ver y sentir los beneficios de la actividad productiva que ocurre en sus territorios.

Durante años hemos cometido un error. Llegamos a las regiones a hablarles de exploración, producción, reservas, barriles, regalías y seguridad energética, mientras muchas comunidades preguntan algo mucho más sencillo: ¿qué gana nuestro municipio?

La reactivación petrolera y gasífera que propone el presidente De la Espriella abre una oportunidad extraordinaria. Si Colombia vuelve a adjudicar áreas, suscribe nuevos contratos y avanza responsablemente en proyectos de yacimientos no convencionales, las comunidades productoras deben convertirse en protagonistas de esa nueva etapa.

Para un alcalde del Piedemonte Llanero, del Magdalena Medio, de la Costa Caribe o de cualquier región productora, esta propuesta significa algo concreto: con un nuevo contrato en su territorio no tendría que esperar necesariamente hasta que comience la producción comercial para empezar a percibir beneficios económicos. Desde las etapas iniciales, el canon superficiario podría comenzar a generar recursos para inversión local. Y cuando llegue la producción, el municipio recibiría directamente el porcentaje correspondiente de la Participación en la Producción.

Esto también ayudará a construir confianza. Las comunidades estarán más dispuestas a respaldar proyectos responsables cuando puedan comprobar que la actividad minero-energética se transforma en mejores vías, agua potable, colegios, hospitales, electrificación y oportunidades para sus habitantes.

Colombia necesita recuperar la inversión, aumentar sus reservas, producir más petróleo y gas y desarrollar responsablemente sus recursos naturales. Pero también necesita construir una relación diferente con las regiones que hacen posible esa riqueza.

La Patria Milagro que propuso el presidente De la Espriella también debe construirse desde los municipios productores. No podemos pedirles a las regiones que aporten durante décadas a la riqueza nacional sin garantizar que una parte de esos recursos se traduzca directamente en progreso para sus comunidades.

Son apenas cinco artículos, pero contienen un principio poderoso: donde se produce la riqueza, también debe sentirse el desarrollo.

Es hora de saldar esa deuda histórica con las regiones productoras.

Juan Espinal… Senador de la República ..septiembre 2026

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Los nombres de la reconstrucción

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Doña Ofelia se quedó sin casa en una vereda cafetera de Ciudad Bolívar. En un albergue del Chocó, Isabela, Luis y David acompañaron a familia que enterraban a los suyos. En la vereda El Plomo en Pereira, Nanpa Básico y un grupo de jóvenes aprendieron a leer una grieta antes de aprender a repararla. Ninguna de estas historias aparece en un informe y ninguna cabe en una cifra, y sin embargo en ellas pasa lo más hondo que hoy le pasa al país. La reconstrucción de Colombia tiene el tamaño de una casa, de un albergue, de una pared partida. Esta semana quiero contarla así, como se cuentan siempre las cosas que de verdad importan, con nombres propios.

A doña Ofelia se le cayó la casa. No hubo que explicarle a sus vecinos de la vereda Jaramillo, en Ciudad Bolívar, qué hacer con lo que quedó en pie: la misma comunidad hizo convite para tumbar los escombros, sacarlos y dejar el predio listo para que pronto llegue su nuevo hogar de la mano de la Fundación Argos. Una comunidad que vive del café, de la mula que carga bultos y la polea que los transporta por la montaña, se organizó en medio de la emergencia para ayudarle. La reconstrucción, ahí, ya empezó antes de que llegara el primer ladrillo.

En el Chocó, la reconstrucción tomó otra forma. La Gobernación pidió apoyo psicosocial para las comunidades afectadas, y desde la Corporación Presentes, con su aliado Emergencia Apolo, Isabela, Luis y Davis pasaron una semana recorriendo albergues y territorios. Atendieron niños, acompañaron a familias que enterraban a los suyos, hicieron remisiones cuando la angustia superaba lo que una conversación podía resolver. En el coliseo Bladimiro Garcés y en el resguardo indígena Emberá Dobidá, caracterizado por necesidades. qué faltaba, quién lo necesitaba, cómo dirigir la ayuda que venía en camino. Reconstruir, ahí, significó cuidar la salud mental para que las personas tuvieran con qué enfrentar todo lo demás.

Y en la vereda El Plomo, en Pereira, tres viviendas quedaron con daños estructurales que un ojo entrenado sabe leer: cubiertas colapsadas, tejas agrietadas, placas asentadas sobre rellenos mal compactados. Nanpa Básico, figura del rap nacional, acompañado por jóvenes del Movimiento Sociocultural Transformadores Ongoing, hizo el diagnóstico técnico antes de mover un solo material: qué se podía consolidar, reforzar, reemplazar. Cuando el diagnóstico ya estaba listo, quisimos aprender de esta dinámica y ojalá sumar con nuestras capacidades. No inventamos el proceso ni lo lideramos: encontramos una ya uno organizado y nos sumamos con agilidad, lo que permitió que la obra empezara en menos de una semana.

Estas historias nos enseñan algo simple: que la reconstrucción no es una sola cosa mi la hace un solo actor: unas veces es una comunidad que convoca a vecinos, otras un acompañamiento que no toca ni ladrillos, y otras un diagnóstico técnico esperando que alguien responda rápido. El papel de instituciones como la nuestra no siempre es empezar el proceso ni liderarlo; muchas veces es reconocer uno en marcha, y sumarnos con lo que tenemos sin quitarle protagonismo a quien lo inició.

Cuando alguien pregunte en años, si la reconstrucción funcionó, la respuesta va a estar más allá de las cifras. La encontraremos en doña Ofelia durmiendo bajo un techo propio, en los niños atendidos en el Chocó a jugar sin sobresaltos, en las tres casas de El Pomo que resistieron el próximo aguacero. En los nombres de personas y comunidades vivas sabremos si reconstruimos bien. Que no se nos olvide, el anuncio solo importa en la medida en que as víctimas nos sienten cerquita, donde la coherencia se traduce en ejecución rápida y en la medida en que nos articulamos para el único propósito de salir de esta emergencia juntos, fortalecidos y mejor de lo que estabamos.

Juliana Velásquez Rodríguez.. presidenta ejecutiva Proantioquia… septiembre 2026.

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De la generosidad a la ejecución

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Colombia respondió rápido, y respondió de todas las formas en que se pueden dar. Dimos en efectivo: los empresarios aportaron más de 1,5 billones de pesos. Dimos en especie miles de toneladas de ayuda, agua, alimentos, medicamentos, maquinaria prestada, los camiones que salieron cargando sin fin preguntar quién pagaba el combustible, llegaron a sitios donde no llegaba nada más.. Y dimos en capacidad, la forma más valiosa y la que menos se nota: bomberos, ingenieros estructurales y técnicos de acueducto que dejaron sus ciudades para trabajar día y noche; expertos en bareque de Boyacá y el suroeste antioqueño compartiendo sus deberes; universidades que diagnosticaron el territorio; empresas que movieron carga por carreteras rotas; organizaciones que ejecutaron a tiempo y rindieron cuentas. Nadie tuvo que pedirlo dos veces. El colombiano de a pie, pura cepa, nos recordó algo traspapelado: este país sabe unirse.

Esa tercera forma de dar es la mejor noticia que nos deja esta emergencia, porque es justamente la que más va a hacer falta de aquí en adelante. Conocimiento técnico, capacidad de gerencia, logística, sistemas de seguimiento, gente con experiencia en obra y en territorio. Eso es lo que convierte un recurso en una escuela abierta, y es lo que hoy Colombia tiene de sobra.

Porque la solidaridad es un momento y la ejecución es una disciplina. La reconstrucción exige más de 30 billones de pesos y varios años de trabajo terco, muchas veces sin cámaras. Ese es el tramo que decide todo, el que va del anuncio a la obra entregada, y es exactamente donde el país tiene hoy la oportunidad de mostrar de qué está hecho. Lo que sigue ya no es conmover. Es entregar: una casa, un colegio abierto, un puesto de salud funcionando.

Colombia ya hizo este ejercicio y le funcionó. El FOREC reconstruyó el Eje Cafetero después del terremoto de 1999y nos dejó un camino recorrido que hoy nos ahorra tiempo. Aprendimos que concentrar los recursos en una sola instancia evita que se dispersen y se pierdan. Aprendimos que la ejecución descentralizada, con gerencias zonales autónomas respaldadas por universidades, cámaras de comercio y ONG, llega más lejos que cualquier estructura centralizada. Aprendimos que dejar que las familias escogieran su solución de vivienda, con constructores compitiendo, bajó los costos casi a la mitad. Y aprendimos que la celeridad es parte del resultado: el FORERC reconstruyó en tres años lo que en tragedias comparables tomó el doble, con un costo de operación de 4,93 % de lo invertido, una fracción de lo que cuesta administrar recursos públicos por las vías ordinarias.

Hiy el recién creado Fondo Milagro asume ese reto. es una misión mayor, que corre en paralelo al Plan Nacional de Desarrollo y que tiene que conectar la reconstrucción con el futuro que el país entero necesita construir. Le va a exigir impecabilidad, transparencia y velocidad; articulación con quienes tienen conocimiento técnico y del territorio; capacidad de adaptarse; y foco en las personas antes que en los procedimientos. estamos listos para ayudar a que le vaya bien, porque si al Fondo le va bien, le va bien al país.

Nosotros, mientras tanto, ya arrancamos. En Andes y Ciudad Bolívar, con una focalización conjunta de la Gobernación de Antioquia, Argos, Comfama y Proantioquia, montamos un piloto para mostrar resultados rápido y probar el modelo. Definimos especialidades de intervención, sedes educativas, vivienda nueva, centros de salud e iglesias, para canalizar la capacidad de cada institución donde efectivamente sirve. Y diseñamos una gerencia que hace match entre el recurso, público o privado, y el mejore ejecutor para cada especialidad, con Proantioquia coordinando, haciendo seguimiento, sistematizando aprendizajes y corrigiendo el rumbo cuando haga falta.

El paso siguiente es hacerlo a mayor escala con Reconstrucción por Impuestos REXI, para que el impuesto de las empresas se convierta directamente en obras en los municipios afectados, con estándares, plazos y auditoría. adaptado a cada territorio, sin fórmulas genéricas. La ambición es fácil de enunciar y difícil de lograr: convertir la generosidad, que ya está probada, en ejecución real en el corto, el mediano y el largo plazo.

La generosidad ya la demostramos todos, y la demostramos completa. Ahora viene la parte menos fotografiable y más satisfactoria: entregar. Colombia ya mostró que sabe unirse. Vamos a mostrar que sabe construir.

Juliana Vélasquez Rodríguez….Presidenta ejecutiva Proantioiquia..agosto 2026

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