El Valle de Aburrá inició uno de los dos periodos del año en los que históricamente se incrementan las concentraciones de contaminantes atmosféricos, un fenómeno que suele registrarse entre febrero y abril, según datos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire operada por el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA). Las autoridades ambientales proyectan que entre el 23 de febrero y el 21 de marzo podrían presentarse condiciones desfavorables.

De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, este comportamiento responde a múltiples factores, entre ellos las emisiones del sector transporte e industrial, las condiciones meteorológicas locales y el ingreso de masas de aire contaminadas generadas por incendios forestales fuera del territorio metropolitano.

La red de monitoreo realiza seguimiento permanente las 24 horas del día y publica la información en tiempo real a través del geoportal del SIATA, herramienta que sirve como soporte técnico para la toma de decisiones.

“Durante este periodo hacemos un llamado a la ciudadanía a que estén atentos a los canales oficiales del Área Metropolitana y del SIATA para conocer si las condiciones cambian y si se hace necesario tomar medidas”, afirmó Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La funcionaria recordó que en 2025 no fue necesario declarar nivel de prevención, pese a atravesar los periodos de gestión, gracias al monitoreo técnico y al cumplimiento del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA).

En ese sentido, la entidad invitó a los sectores académico, empresarial e institucional a adoptar acciones voluntarias para reducir emisiones durante estas semanas. Entre las recomendaciones están el escalonamiento de horarios laborales, el fomento del trabajo remoto, la reducción del uso del transporte particular, la promoción de la virtualidad en universidades y el fortalecimiento de los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible (MES).

También se sugieren medidas complementarias como jornadas voluntarias sin carro, regulación del estacionamiento, uso compartido de vehículos, rutas empresariales y campañas de conducción ecoeficiente.

El Área Metropolitana precisó que cualquier decisión sobre medidas restrictivas dependerá del comportamiento real de las concentraciones contaminantes. Por ahora, el llamado es a la prevención y a la corresponsabilidad ciudadana.

EPM anunció el cierre del carril derecho de la calzada oriental de la avenida Regional, en sentido sur-norte, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina, en el municipio de Bello, a partir del miércoles 25 de febrero de 2026, como parte de las obras de expansión y modernización del sistema de acueducto que se desarrollan en esta localidad del norte del Valle de Aburrá.

El cierre se extenderá aproximadamente por un año, en horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., y responde a la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo tramo de conducción que cruzará de manera elevada el río Aburrá–Medellín mediante una estructura metálica. Para ello, será necesario levantar apoyos en concreto en ambas márgenes del río, uno de ellos ubicado entre el cauce y la avenida Regional.

El proyecto contempla la construcción e instalación de 21,19 kilómetros de nuevas redes primarias y 2,96 kilómetros de redes secundarias, además de tres tanques de almacenamiento de agua potable. Dos de ellos ya están construidos y en operación, con capacidades de 5.000 y 1.400 metros cúbicos, mientras que un tercero, de 2.500 metros cúbicos, se encuentra en ejecución.

Durante 2025, EPM invirtió más de 102.000 millones de pesos en infraestructura de servicios públicos en Bello. Para 2026, la cifra estimada es de 78.000 millones de pesos, consolidando a este municipio como el segundo con mayor inversión después de Medellín.

La empresa indicó que habrá señalización en la zona intervenida y personal operativo para orientar la movilidad. También recomendó a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y aseguró que se harán esfuerzos técnicos para minimizar la ocupación del carril, especialmente en horas pico.

De acuerdo con EPM, esta infraestructura permitirá aumentar el almacenamiento de agua potable, transportar mayores caudales desde la planta de potabilización Manantiales y reducir la probabilidad de daños y fugas, así como el número de interrupciones por mantenimiento.

La construcción de la nueva Cárcel para Sindicados en el corregimiento San Cristóbal avanza en un 9 %, según informó el alcalde Federico Gutiérrez tras una visita técnica a la obra. La infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas y busca reducir el hacinamiento en estaciones de Policía y centros de detención transitoria, donde actualmente la ocupación supera el 123 %.

El proyecto contempla una inversión de $675.000 millones mediante una asociación público-privada, con pagos programados entre 2027 y 2038. En esta etapa se ejecutan trabajos de excavación, estructuras de soporte, construcción de la vía de acceso y levantamiento de pabellones.

La infraestructura contará con seis pabellones, incluyendo uno para adultos mayores y personas con movilidad reducida. También dispondrá de áreas para atención jurídica, sanidad, formación, visitas familiares y un centro de control con tecnología de vigilancia permanente.

“Las personas que llegarán acá son sindicadas, no condenadas. Tendremos pabellones dedicados a la formación y espacios adecuados para visitas. Son 1.339 cupos, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”, afirmó el alcalde Gutiérrez.

Según cifras oficiales, estaciones como Candelaria, Laureles y Belén superan ampliamente su capacidad instalada. Esta situación ha sido señalada por autoridades judiciales, lo que llevó a una orden de la Corte Suprema para que las administraciones locales adopten medidas estructurales.

El mandatario aseguró que el modelo combina orden, autoridad y respeto por los derechos humanos, alineado con estándares internacionales como las Reglas Mandela. La obra también contempla medidas ambientales y programas de inversión social en la zona.

Actualmente el proyecto emplea a 297 personas y espera llegar a 500 trabajadores en 2026, con énfasis en vinculación de mano de obra local y femenina.