Tras auditar una ejecución n presupuestal cercana a los $100 mil millones, la Contraloría General de Antioquia certifica una gestión transparente de recursos.

Tras la realización de la auditoría adelantada por la Contraloría General de Antioquia, la Alcaldía de Copacabana, por segundo año consecutivo se reporta cero hallazgos fiscales, penales, disciplinarios ni sancionatorios. Resultados que ratifican el manejo responsable y transparente de la actual administración.

La lupa estuvo puesta en las ejecuciones presupuestales que, para la vigencia representaron cerca de $100 mil millones invertidos en los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.

¿Qué encontró la Contraloría General de Antioquia?

El organismo de control emitió en su informe una opinión limpia sobre las finanzas del municipio destacando: el 96.3% en eficacia, 97.9% en eficiencia y un 97.4% en economía. Esto significa que los recursos públicos del municipio se destinan de manera responsable.

«Los resultados hablan por sí solos. Seguimos demostrando que en Copacabana los recursos públicos se administran con responsabilidad, transparencia y respeto por lo que nos pertenece a todos», explica Johnnatan Pineda, alcalde de Copacabana

A demás se entregó resultado positivo en el manejo saludable de las finanzas públicas. El Departamento Nacional de Planeación ubicó a Copacabana como el primer municipio del Valle de Aburrá, el segundo de Antioquia y décimo a nivel nacional en el desempeño fiscal luego de evaluar la vigencia 2024.

En 2024, la Contraloría General de Antioquia tampoco reportó hallazgos fiscales en su auditoría que vigiló la ejecución de recursos por más de $55 mil millones.

Estos resultados no se concentran únicamente en la administración, entidades descentralizadas como INDER Copacabana, el Instituto de Vivienda y Reforma Urbana Municipal. Invcop, y la E.S.E. Hospital Santa Margarita arrojaron conceptos favorables y sin hallazgos durante los procesos de auditoeía.

Mientras se tomaba un cafecito en el Social, el alcalde de Copacabana, Johnnatan Pineda le entregaba buenas noticias a la comunidad. Contó de las actividades positivas que se viene realizando en su administración, como la creación del INDER de Copacabana, los niños tienen su uniforme, su comida asegurada desde el primer día, además de sus vacaciones recreativas, subsidio de transporte. Se vienen interviniendo las vías rurales y urbanas. Se están los recuperando los escenarios deportivos. El sector de la salud tiene sus pagos al día. La modernización del alumbrado público y construcción de acueductos y alcantarillados. se viene contrayendo tres obras necesarias para el municipio, el parque principal, la plaza de Mercado y la nueva estación de Policía, son algunos de las obras donde se está invirtiendo el los recursos. La razón «Los recursos se están administrando con transparencia, con honestidad y con profundo respeto. ¡Qué orgullo! Estamos logrando tantas obras sociales y de infraestructura por sola razón, la plata alcanza cuando no se la roban. Por eso hemos recuperado la confianza de Gobernación de Antioquia y del Área Metropolitana para que sigan llegando los grandes proyectos. Nos hemos convertido en la administración que más recursos ha gestionado en la historia de Copacabana en sus dos primeros años del gobierno».

Finalmente, mientras continuaba disfrutando del exquisito café colombiano, dijo: » estamos viviendo una administración que habla desde los resultados, cercana, de la gente, que lo que dice lo cumple y que tiene muy claro que lo bueno merece continuar».

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia designó este 24 de junio al abogado y magíster en derecho Luquegi Gil Neira como rector de la institución. La decisión se tomó en la sesión extraordinaria 00010 de 2026, celebrada en el Salón Pedro Justo Berrío de la Gobernación de Antioquia, y llegó después de que Gil Neira obtuviera la mayor votación en cinco de los seis estamentos de la consulta electrónica realizada a la comunidad universitaria el 4 de junio.

Gil Neira no es un nombre nuevo en los pasillos de la universidad. Está vinculado a la UdeA desde 1996 y ejerce como profesor desde 2004. En su trayectoria administrativa ha ocupado los cargos de decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, secretario general y vicerrector general. Es, en ese sentido, un hombre con conocimiento profundo de la institución desde distintos frentes.

Su programa de gestión se articula alrededor de seis puntos prioritarios. El primero y más urgente es la búsqueda de soluciones para el déficit estructural que enfrenta la Universidad. Le sigue la atención a la situación de emergencia del Hospital Alma Máter. Los otros ejes son la implementación de un nuevo modelo académico, una reforma curricular y una reforma estatutaria con consulta vinculante, y la creación de condiciones institucionales para la equidad de género, el cuidado y las labores docentes.

Una posesión condicionada

El camino hacia la rectoría formal tiene un obstáculo institucional pendiente. Gil Neira solo podrá posesionarse como rector y comenzar su período estatutario una vez el Ministerio de Educación Nacional levante la medida de inspección y vigilancia especial de rector reemplazante, definida mediante la Resolución MEN 025421 del 29 de diciembre de 2025 y que se encuentra vigente a la fecha.

Además, como condición para avanzar, deberá cumplir con el plan de mejoramiento que apruebe el Ministerio, derivado de las medidas de inspección y vigilancia en curso, y con los compromisos asumidos como parte de las condiciones fijadas durante ese proceso. La fecha de posesión dependerá entonces de que el MEN dé luz verde al levantamiento de la medida.

La Asamblea Departamental de Antioquia realizó debate de control político sobre la implementación del mecanismo de Obras por Impuestos, una herramienta que permite a las empresas contribuyentes destinar hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta a la financiación y ejecución de proyectos de alto impacto social y económico en los territorios más afectados por la pobreza y el conflicto armado.

Este mecanismo surgió en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y comenzó a operar en el país en 2018, consolidándose como una de las principales estrategias de articulación entre el sector público y el sector privado para acelerar inversiones en infraestructura y desarrollo territorial.

A nivel nacional, Obras por Impuestos ha permitido comprometer más de cinco billones de pesos para la ejecución de más de 600 proyectos en municipios PDET y ZOMAC. En Antioquia, desde 2018 se han financiado 109 proyectos por un valor superior a los 1,3 billones de pesos, con la participación de más de 112 empresas contribuyentes, beneficiando a 55 municipios ZOMAC, incluidos los 24 municipios PDET del departamento. Los proyectos han impactado sectores como infraestructura vial, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, gestión del riesgo, cultura y sostenibilidad ambiental.

Durante la sesión se destacó que las inversiones realizadas a través de este mecanismo han contribuido al mejoramiento de la conectividad vial, el fortalecimiento de la infraestructura educativa, el acceso a servicios básicos y el impulso de las economías locales en territorios históricamente afectados por el conflicto armado y las brechas de desarrollo.

El diputado David Fernando Ruiz Gómez destacó la eficiencia que ha demostrado el mecanismo cuando es ejecutado por el sector privado.

“Uno de los mensajes más importantes que deja este debate es la capacidad que ha demostrado el mecanismo de Obras por Impuestos para optimizar los recursos y generar mayor eficiencia en la ejecución de los proyectos. Incluso hemos conocido casos en los que, manteniendo los estándares de calidad, se generan excedentes y retornos de recursos al Estado, lo que plantea una reflexión necesaria sobre la forma en que se ejecutan algunas inversiones públicas y las oportunidades de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de todos los ciudadanos”, el diputado Ruiz Gómez.

Durante el debate se presentaron también los principales avances y retos del mecanismo en Antioquia. Entre ellos, la intervención de 57 kilómetros de vías, inversiones en salud, educación, cultura y agua potable, así como la meta de lograr la viabilidad de 35 nuevos proyectos con una inversión estimada de 400 mil millones de pesos durante el periodo 2026- 2027.

El diputado Walter Manuel Salas Quinto resaltó el impacto social de esta herramienta en los territorios más vulnerables del departamento. “Obras por Impuestos se ha convertido en una herramienta fundamental para llevar inversión a territorios que históricamente han enfrentado condiciones de pobreza, exclusión y afectaciones derivadas del conflicto armado. Este mecanismo permite que el sector empresarial contribuya directamente al cierre de brechas sociales y al fortalecimiento de oportunidades para las comunidades que más lo necesitan».

La Asamblea Departamental continuará realizando seguimiento a la implementación de esta herramienta, considerada una de las estrategias más importantes para promover el desarrollo territorial, fortalecer la inversión social y acelerar la ejecución de proyectos en las regiones más apartadas de Antioquia.