Derechos, con responsabilidad

Las libertades de prensa, expresión e información constituyen elemento fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. Sin libertad de prensa, sin la posibilidad de expresar privada y públicamente nuestros pensamientos, opiniones, conceptos y reclamos, o sin poder buscar libremente las informaciones, sin poder difundirlas, o en medio de restricciones, limitaciones o sanciones por investigar o informar, la democracia no existe, y el Estado de Derecho es un imposible.

Si por algo deben velar los gobiernos automáticamente democráticos es porque el ejercicio de esas garantías sea pleno y real. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 1948 lo expresó con claridad: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión: este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin límites de fronteras. Por cualquier medio de expresión» (Art 19).

Por su parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, de la cual Colombia es parte y que nos obliga (ley 16 1972), señala con claridad en su artículo 13 que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar; recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección», a lo cual agrega que, al respecto, no puede censura previa sino responsabilidades posteriores.

La declaración estipula que no se pueden restringir tales derechos «por vías o por medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares» (…) o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

El artículo 20 de la Constitución también prohíbe cualquier forma de censura y garantiza a toda persona el derecho fundamental a la libre expresión de su pensamiento y opiniones, así como el derecho a la información, aunque sobre este último se introduce una calificación importante: quienes reciben la información – ese también es su derecho fundamental- deben recibirla «veraz e imparcial». Los medios tienen responsabilidad social, y, si, al informar, resulta afectada la honra o el buen nombre de alguna persona (también los derechos fundamentales), ella tiene el derecho a pedir rectificación o a reclamar judicialmente que se le respeten sus derechos básicos (mediante el ejercicio de la acción de tutela), o que se responda penalmente por calumnia o injuria, o civilmente por los perjuicios causados.

A propósito de hechos recientes: los medios y periodistas deben gozar de plena libertad para investigar e informar, y toda persona debe poder expresar públicamente sus conceptos, tanto a favor como en contra del Gobierno. Y el Gobierno debe permitirlo, sin necesidad de estar respondiendo, en redes, en cada información u opinión. Pero, a la vez, los medios deben ser responsables ante la sociedad y las personas. No pueden estar manipulando la información con fines políticos, ni usar la figuras como reserva de la fuente, sin confrontar ni confirmar para desacreditar al Ejecutivo.

José Gregorio Hernández….El Nuevo Siglo…junio 2023

Notas y Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *