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Más recursos para los municipios productores

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El presidente Abelardo de la Espriella asumió el pasado 7 de agosto con un compromiso claro, anunciado desde Cali y consignado en su Plan de la Patria Milagro, reactivar la actividad petrolera y gasífera mediante nuevos contratos de exploración y avanzar con determinación en el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia.

Comparto plenamente ese propósito. Colombia necesita explorar, producir y recuperar su soberanía energética. Pero esa reactivación debe venir acompañada de un mensaje igualmente contundente para las comunidades: la riqueza que se genera en los territorios debe traducirse también en desarrollo, inversión y oportunidades para las regiones productoras.

Por eso hemos radicado un proyecto de ley sencillo, de apenas cinco artículos, pero con un enorme impacto regional. La propuesta busca que una parte de los recursos que las empresas de petróleo, gas y minería ya pagan al Estado llegue directamente a los municipios donde se desarrollan esas actividades.

Quiero subrayarlo, no estamos creando un nuevo impuesto, ni una nueva contribución, ni aumentando las cargas económicas sobre el sector minero-energético. Sería un error hacerlo en momentos en que Colombia necesita recuperar la inversión y la confianza. Estamos proponiendo distribuir territorialmente una parte de recursos que los operadores ya pagan y que actualmente son recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Cuando una empresa firma un contrato con el Estado colombiano para explorar o producir hidrocarburos, normalmente la ciudadanía piensa inmediatamente en las regalías. Sin embargo, existen otros derechos económicos asociados a estos contratos, entre ellos el canon superficiario y la participación en la producción.

El canon superficiario genera recursos desde etapas tempranas asociadas al área contratada. Por su parte, la Participación en la Producción, contemplada contractualmente como un derecho económico adicional, se genera cuando existe producción comercial. Son recursos que ya forman parte de las obligaciones económicas de los operadores.

Y las cifras demuestran que no estamos hablando de cantidades menores. Durante 2025, la ANH recaudó aproximadamente $109.970 millones por canon superficiario y $1,13 billones por Participación en la Producción. A su vez, la ANM recaudó cerca de $12.098 millones por concepto de canon superficiario minero. En conjunto, estos conceptos representaron aproximadamente $1,25 billones durante una sola vigencia.

Nuestra propuesta es sencilla, que una parte de esos recursos regrese directamente al territorio que contribuye a generarlos.

Para los contratos y títulos vigentes, el proyecto propone transferir a los municipios beneficiarios el 20 % de estos recaudos. Tomando como referencia las cifras de 2025, estaríamos hablando de aproximadamente $250.691 millones que podrían beneficiar a cerca de 505 municipios.

Pero queremos ir más allá con la nueva etapa de reactivación energética del país. Para los nuevos contratos que se suscriban bajo la vigencia de esta ley, la participación destinada directamente a los municipios sería del 30 %.

Ese porcentaje puede cambiar la relación entre las comunidades y los proyectos minero-energéticos. Los recursos llegarían directamente a las entidades territoriales beneficiarias, sin incorporarse al Sistema General de Regalías ni depender de la aprobación de los OCAD. Los alcaldes podrían incorporarlos a sus presupuestos de inversión y ejecutarlos de acuerdo con sus Planes de Desarrollo Territorial, priorizando necesidades esenciales como agua potable, saneamiento básico, salud, educación, vías terciarias y electrificación rural.

Esto es especialmente importante para los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde unos cuantos miles de millones de pesos adicionales pueden significar la construcción de un acueducto, la pavimentación de una vía rural, el mejoramiento de una escuela, infraestructura de salud o energía para una vereda.

Ahí está el verdadero sentido de la iniciativa: que las comunidades puedan ver y sentir los beneficios de la actividad productiva que ocurre en sus territorios.

Durante años hemos cometido un error. Llegamos a las regiones a hablarles de exploración, producción, reservas, barriles, regalías y seguridad energética, mientras muchas comunidades preguntan algo mucho más sencillo: ¿qué gana nuestro municipio?

La reactivación petrolera y gasífera que propone el presidente De la Espriella abre una oportunidad extraordinaria. Si Colombia vuelve a adjudicar áreas, suscribe nuevos contratos y avanza responsablemente en proyectos de yacimientos no convencionales, las comunidades productoras deben convertirse en protagonistas de esa nueva etapa.

Para un alcalde del Piedemonte Llanero, del Magdalena Medio, de la Costa Caribe o de cualquier región productora, esta propuesta significa algo concreto: con un nuevo contrato en su territorio no tendría que esperar necesariamente hasta que comience la producción comercial para empezar a percibir beneficios económicos. Desde las etapas iniciales, el canon superficiario podría comenzar a generar recursos para inversión local. Y cuando llegue la producción, el municipio recibiría directamente el porcentaje correspondiente de la Participación en la Producción.

Esto también ayudará a construir confianza. Las comunidades estarán más dispuestas a respaldar proyectos responsables cuando puedan comprobar que la actividad minero-energética se transforma en mejores vías, agua potable, colegios, hospitales, electrificación y oportunidades para sus habitantes.

Colombia necesita recuperar la inversión, aumentar sus reservas, producir más petróleo y gas y desarrollar responsablemente sus recursos naturales. Pero también necesita construir una relación diferente con las regiones que hacen posible esa riqueza.

La Patria Milagro que propuso el presidente De la Espriella también debe construirse desde los municipios productores. No podemos pedirles a las regiones que aporten durante décadas a la riqueza nacional sin garantizar que una parte de esos recursos se traduzca directamente en progreso para sus comunidades.

Son apenas cinco artículos, pero contienen un principio poderoso: donde se produce la riqueza, también debe sentirse el desarrollo.

Es hora de saldar esa deuda histórica con las regiones productoras.

Juan Espinal… Senador de la República ..septiembre 2026

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Empresas: la nueva aula de clase para formar talento

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En Antioquia conviven dos realidades que, puestas una al lado de la otra, deberían incomodarnos. Más de 330.000 jóvenes del departamento, uno de cada cuatro, ni estudian ni trabajan. Al mismo tiempo, seis de cada diez empleadores en Colombia aseguran no encontrar el talento que necesitan. Tenemos personas sin oportunidades y oportunidades sin personas. Fedesarrollo lo llama la restricción dual, es decir, falla en la oferta y en la demanda.

Durante años hemos tratado la educación y el trabajo como etapas sucesivas: primero se estudia y luego, con suerte, se consigue empleo. Esa separación resulta costosa para todos. Tres de cada cuatro jóvenes que se emplean a través del Servicio Público de Empleo en Antioquia llegan a vacantes que no exigen experiencia. Es decir, las empresas ya forman en el puesto de trabajo, pero lo hacen sin currículo, sin acompañamiento y sin reconocimiento. Y cuando ese esfuerzo se pierde por la rotación de personal, reemplazar a un trabajador puede costar hasta dos veces su salario anual.

Entonces, para una restricción dual, una formación dual. La formación dual propone otro camino: que el aprendizaje ocurra de manera alternada en el aula y en la empresa, con tutor empresarial y monitor académico que acompañen al aprendiz, un vínculo formal que lo protege y un currículo diseñado con el sector productivo. Colombia apenas empieza a consolidar un marco normativo para este modelo, y Antioquia tiene la oportunidad de convertirse en referente.

Para lograrlo no basta la voluntad de una institución o de una empresa aislada. Se requiere una arquitectura que permita a los actores ponerse de acuerdo, distribuir responsabilidades y medir resultados. Se requiere una plataforma, como las que sabemos construir en Antioquia. Esa es la razón de ser de la Alianza territorial para el cierre de brechas de talento humano y formación dual, que reúne a empresas, cámaras de comercio, instituciones educativas, cajas de compensación, gremios y gobiernos locales, y cuya secretaría técnica acompañamos desde Proantioquia junto con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Con la modalidad dual, los aprendices complementan conocimientos teóricos en las aulas mientras se forman en un puesto real dentro de una empresa. Para su primer año, la Alianza se propone metas: 40.000 estudiantes en formación, 300 empresas coformadoras, incluidas mipymes, 200 tutores y 200 monitores cualificados, y que el 80% de quienes culminen su proceso formativo logren vincularse laboralmente. Son cifras suficientes con las que se demostrará que el modelo funciona y podrá escalarse. El llamado es al sector productivo. La empresa no puede seguir siendo solo receptora del talento que otros forman; debe asumirse como coformadora y corresponsable. Formar los jóvenes con las empresas es la gran decisión de productividad y competitividad para la región.

En Proantioquia creemos que las grandes transformaciones educativas ocurren cuando los sectores público, privado y academia deciden trabajar juntos con propósito común. Esta Alianza, que ya reúne a 33 organizaciones, es una muestra de ello y una invitación abierta a sumarse. Antioquia tiene el talento; nos corresponde construir los caminos para que ese talento encuentre su lugar.

Juliana Velásquez Rodríguez…. presidenta ejecutiva Proantioquia..noviembre 2026.

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Congreso y Región: Antioquia en acción

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En 2025, catorce millones y medio de pasajeros pasaron por el aeropuerto José María Córdova. Puerto Antioquia ya opera en el golfo de Urabá. El departamento cerró ese año con 26 proyectos de Obras por Impuestos que suman más de $420.000 millones. Y, al mismo tiempo, cerca de 575.000 hogares antioqueños viven en déficit habitacional, y en los municipios de alta ruralidad hasta uno de cada cuatro niños menores de cinco años no recibe educación inicial.

Esa es Antioquia: un motor que aporta cerca del 15 % del PIB nacional y, a la vez, un territorio con tareas pendientes.

La semana pasada, Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Comfama, junto con otros diez gremios e instituciones, nos reunimos con la bancada antioqueña en el Congreso para entregarle Los grandes temas de Antioquia 2026-2030. Son seis frentes: infraestructura estratégica y conectividad regional; salud y bienestar; educación; energía y sostenibilidad ambiental; hábitat, vivienda y seguridad alimentaria, y Obras por Impuestos.

Cada uno llega con un diagnóstico riguroso, con cuellos de botella identificados y con rutas de acción concretas, que es lo que separa una agenda de trabajo de una lista de deseos. Y el momento importa. El Gobierno Nacional construye el Plan Nacional de Desarrollo y todas las regiones, con razón, buscan que sus necesidades y sus proyectos queden incluidos. En esa conversación la diferencia la hace el método: priorizar ejes e intervenciones, darles sentido de realidad financiera y proponer rutas posibles para lograrlas.

Antioquia llegó al ejercicio con los representantes a la Cámara de Antioquia con las manos llenas, más a ofrecer que a pedir. Ofrece capacidad, aporta conocimiento y pone a disposición del país sus herramientas para el desarrollo.

Detrás hay una cultura que es identitaria: la articulación antioqueña con propósitos comunes. Toda la institucionalidad privada del departamento se unió para poner al servicio de sus congresistas lo que mejor sabe hacer, producir conocimiento, estructurar proyectos y sacarlos adelante.

Estamos listos para acompañar a la bancada antioqueña y a sus equipos legislativos con información técnica y con expertos en cada tema, para que estas recomendaciones se conviertan en proyectos de ley, en gestiones presupuestales y en debates de control político. Queremos que los grandes anhelos de Antioquia queden plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, y vamos a hacerles seguimiento, tema por tema, hasta que sean realidad.

En la bancada hay distintos partidos y distintas miradas, y esa diversidad le da legitimidad a un propósito que es de todos. Antioquia construye desde la diferencia. Esta es una agenda de Antioquia para Colombia. Los corredores 4G y los accesos a Puerto Antioquia, cuando estén terminados, le abrirán una puerta al comercio exterior del país, mucho más allá de Urabá. La seguridad jurídica de Obras por Impuestos les sirve a nuestros municipios tanto como a los territorios más golpeados por el conflicto en Colombia. Y con una demanda de energía que crece al 4,2 % anual, más rápido que la nueva generación, una transición ordenada se convierte en un asunto de seguridad nacional.

Fortalecer a Antioquia es fortalecer su capacidad de seguir aportando, como lo ha hecho históricamente, al crecimiento y al bienestar de Colombia. A Colombia la construimos desde las regiones. Y en Antioquia tenemos claro nuestro espíritu: colaboración entre sectores, respaldo a las instituciones y a quienes las representan, y el horizonte puesto en un futuro que obedezca a un propósito colectivo. Congreso y región. Antioquia, en acción.

Juliana Velásquez Rodríguez …..presidenta ejecutiva Proantioquia..octubre 2026

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Las formas de futuro

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Las mejores cosas en la Colombia de las últimas décadas han sido consecuencia del trabajo articulado entre lo público y lo privado. Las vías, los puertos, los aeropuertos; las alianzas para luchar contra el hambre, por la educación, por la defensa de la democracia. Nueve de cada diez viajes aéreos en el país salen o llegan a un aeropuerto concesionado. Casi ocho mil kilómetros de la red vial nacional están en manos de concesionarios, pavimentados de punta a punta, y las autopistas de cuarta generación están dejando más de mil kilómetros de doble calzada, 141 túneles y 1.300 viaductos donde antes había cordillera. Desde 1991 la carga del comercio exterior entra y sale por puertos que construyeron y operan privados. Cuántas emergencias no hemos enfrentado juntos, a cuánta maldad no hemos sobrevivido juntos, sector público y sector privado.

Pasa igual en la salud, la educación y el cuidado. Cuatro de diez mejores hospitales de América Latina están en Colombia y tres son fundaciones sin ánimo de lucro, como el Pablo Tobón Uribe y el San Vicente en Medellín. El 43 por ciento de los estudiantes de educación superior y ocho de cada diez de posgrado se forman en instituciones privadas que por ley no tienen ánimo de lucro. Los más de 1,7 millones de niños que atiende el ICBF en primera infancia reciben su educación inicial de entidades sin ánimo de lucro que operan el servicio en todo el país. Y los fondos privados administran el ahorro pensional de 19 millones de trabajadores, más de 500 billones de pesos.

Entre el Estado y el mercado hay un lugar poco visible donde se han gestado las grandes transformaciones de este país. Allí los empresarios dejan por un rato la empresa, se sientan con otros que piensan distinto, o que incluso son su competencia, y mirar el territorio como se mira un bien común. Son instituciones del sector privado como fundaciones, corporaciones cívicas, gremios, programas que han apostado a medir, mesas que convocan. En Antioquia, por ejemplo, no habríamos sobrevivido a la época oscura del narcotráfico de los ochenta y noventa sin resiliencia del sector privado y la valentía de quienes tuvieron a cargo lo público. Mucho menos habrían podido los gobiernos de entonces pensar en desarrollo, en un metro, en un aeropuerto, sin unos empresarios articulados y decididos a no dejarse arrebatar el futuro por nadie.

La articulación público-privada ha sido positiva en todos los escenarios. “No existen empresas exitosas en sociedades fracasadas” ha sido nuestro principio en Proantioquia. El trabajo en equipo entre lo público y lo privado garantiza la materialización de sueños comunes y la sostenibilidad de planes de largo alcance. La institucionalidad privada puede guardar legados de gobiernos visionarios y cuidar la democracia cuando la coyuntura la pone a prueba.

Para trabajar en equipo no se necesitan acuerdos absolutos. Se necesita un sueño compartido, una visión colectiva de futuro y la voluntad de construir, cada uno desde sus capacidades, un territorio que sin duda alguna todos queremos ver prosperar. En perspectiva, entonces, no se cuidan las esquinas ni se privilegia el individualismo; se protege la posibilidad de colaboración y la convicción del complemento. Se cuida la independencia y se valora el disenso, tanto del sector público como de la institucionalidad privada, pues son las herramientas más valiosas de la construcción colectiva.

Es cierto que en este mundo que cambia cada vez a mayor velocidad, revisarse y transformarse es necesario. Adaptarse para avanzar es indispensable. Incluir y darle relevancia a las nuevas voces de un sector privado dinámico es urgente. El rol de las instituciones privadas siempre encontrará un matiz en la coyuntura. Hay épocas en que nos toca sostener, defender, cuidar. Otras en que podemos construir, crear, colaborar. Este es un tiempo para construir. Pero tenemos una constante que para Colombia y su democracia ha sido fundamental: la convicción absoluta de la importancia de nuestro papel en su agernda de desarrollo.

Se puede ser disruptivo y cuidar las formas al mismo tiempo. Cuidar las formas es cuidar las palabras, el tono con el que hablamos de quienes piensan distinto, lo que decimos en las redes, donde todo se escribe rápido y se lee para siempre. Y cuidar las formas es también sentarse a tener conversaciones francas, las difíciles, las que incomodan, porque esas son las que construyen. Lo que permanece son las instituciones fuertes, las reglas se respetan, los acuerdos que sobreviven a quienes los firmaron. Esa es la plataforma de la confianza, y la confianza es el único material con el que se construye a largo plazo. Un país que quiere cambiar rápido necesita, más que ninguno, un piso firme desde el cual dar el salto.

Una Colombia próspera y segura es el sueño en el que hoy nos encontramos. Un sueño que podemos lograr se concentramos nuestros esfuerzos en trabajar juntos. Un sueño que podemos lograr si integramos las miradas de cada uno, con independencia y respeto por el disenso. cuidar las instituciones es proteger el legado que queremos construir.

Juliana Velásquez Rodríguez..presidenta Ejecutiva Proantioquia ……octubre 2026

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