El gobierno de Abelardo De La Espriella designo como nuevo agente interventor de Air- e a Ramiro Castilla Andrade en reemplazo de Jaime Mesa Buitrago, quien desde 2024 se venía desempañando como interventor de la empresa.

El ingeniero industrial de la Universidad del atlántico, con una especialización en Diseño y Evaluación de Proyectos de la Universidad del Norte, tiene 24 años de trayectoria en el sector eléctrico en el Caribe colombiano.

Air- e atiende a cerca de 1.3 millones de clientes del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo que representa aproximadamente el 11% del mercado eléctrico nacional.

Concejales destacaron el impacto de las obras en movilidad, educación, deporte y conectividad, pero también plantearon inquietudes sobre los aportes de la Nación y de municipios vecinos, la sostenibilidad financiera de los proyectos y el margen presupuestal de las próximas administraciones.

Se aprobaron en segundo debate vigencias futuras ordinarias y excepcionales para financiar proyectos estratégicos de la ciudad. En total, las autorizaciones ascienden a $2,82 billones de pesos, de los cuales $1,19 billones corresponden a vigencias futuras ordinarias y $1,62 billones a vigencias futuras excepcionales.

Representantes de la comunidad presentes en la plenaria solicitaron celeridad en el desarrollo del metrocable de San Antonio de Prado y reclamaron que los anuncios se traduzcan en ejecución presupuestal, diseños definitivos y una fecha concreta para el inicio de los trabajos.

El concejal Juan Carlos de la Cuesta Galvis, coordinador de ponentes, indicó que el proyecto surtió las revisiones jurídicas, técnicas, fiscales y de planeación requeridas por la Administración Distrital y el Concejo. Explicó que entre las autorizaciones se contempla una inversión de $926.000 millones de pesos para la modernización y operación del estadio Atanasio Girardot, proyecto que, de acuerdo con lo presentado, permitirá fortalecer su infraestructura y capacidad para atender hasta 60.000 espectadores.

Asimismo, señaló que las vigencias contemplan $30.761 millones para infraestructura educativa del colegio Fe y Alegría, $2.964 millones para funcionamiento de la Institución Universitaria Pascual Bravo y $25.000 millones para la conexión vial La Cruz–Bello Oriente. Las obras complementarias e intercambios viales del Metro de la 80, sumando sus componentes ordinarios y excepcionales, representan una inversión de $448.830 millones.

Por su parte, el corporado ponente, Carlos Alberto Gutiérrez, destacó la importancia del metrocable de San Antonio de Prado para la población de este corregimiento, al señalar que se trata de uno de los sectores más poblados de Medellín y la obra permitiría mejorar la conexión de sus habitantes con sus lugares de trabajo, instituciones educativas, servicios de salud y otros servicios esenciales.

El Cabildante resaltó además que las vigencias futuras para este proyecto se proyectan entre 2027 y 2046, por lo que consideró que la autorización constituye una apuesta de largo plazo para la movilidad y el desarrollo de la ciudad.

Por su parte, la concejala ponente, Janeth Hurtado, enfatizó en la importancia de los $1,387 billones destinados al metrocable de San Antonio de Prado, proyecto que, según explicó, se articula con el Plan Maestro del Metro de Medellín y con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital para ofrecer una solución estructural a las condiciones de movilidad del sector.

En ese sentido, señaló que más de un millón de personas podrían beneficiarse de los proyectos asociados a la Avenida 80 y los intercambios viales, entre ellos el previsto en el sector de Robledo, en inmediaciones de El Rinconcito Ecuatoriano.

Concejales solicitaron mayor información sobre el intercambio de la Avenida 80 en el sector de La Mota y plantearon la necesidad de contar con diseños y representaciones gráficas que permitan conocer con mayor precisión el alcance de las obras. Asimismo, pidieron revisar el valor total del metrocable San Antonio de Prado y aclarar las fuentes de financiación del proyecto, particularmente frente a los posibles aportes de la Nación y de los municipios de La Estrella e Itagüí, que podrían beneficiarse de la infraestructura.

También llamaron la atención sobre el impacto que las obras de modernización del estadio Atanasio Girardot podrían generar en los comerciantes y trabajadores que desarrollan sus actividades en sus alrededores. Aunque reconocieron la necesidad de intervenir el escenario, solicitaron que se presente un plan que contemple las afectaciones y alternativas para este sector económico.

Coincidieron en que las vigencias futuras constituyen una herramienta de planeación de largo plazo cuando están respaldadas por una adecuada estructuración financiera y técnica. Señalaron que las obras proyectadas pueden convertirse en activos estratégicos para la ciudad, siempre que exista claridad sobre las fuentes de pago, la sostenibilidad de las inversiones y los compromisos que asumirán las futuras administraciones.

En su intervención, el subsecretario de Hacienda, Francisco Javier Hernández, explicó que las vigencias futuras ordinarias ascienden a cerca de $1,2 billones y estarán destinadas a proyectos a cargo del INDER, la Secretaría de Infraestructura Física, la Secretaría de Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

En cuanto a las vigencias futuras excepcionales, afirmó que ascienden a $1,6 billones aproximadamente y estarán dirigidas principalmente a proyectos relacionados con el sistema Metro, entre ellos el metrocable San Antonio de Prado y los componentes excepcionales de la Avenida 80.

Para finalizar, Luisa Gutiérrez, subdirectora de la Agencia APP, explicó que de los $926.000 millones de pesos contemplados para la modernización y operación del estadio Atanasio Girardot, $126.000 millones se gestionarían mediante el incremento de la tasa Prodeporte y $800.000 millones mediante el usufructo de las instalaciones modernizadas. El modelo busca garantizar la sostenibilidad del escenario deportivo y la reposición de equipos e infraestructura que puedan quedar obsoletos, puntualizó.

María Consuelo Araújo fue escogida por el Gobierno colombiano para asumir como nueva embajadora ante Estados Unidos, después de que la administración estadounidense otorgara el beneplácito para su nombramiento. La designación supone su salida de la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, posición que había asumido en febrero de 2026.

Araújo cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y privado y experiencia directa en asuntos diplomáticos. Es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales y especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Entre sus principales cargos se encuentran los de ministra de Cultura y canciller de Colombia.

Su experiencia en la relación internacional del país se remonta a su paso por la Cancillería. Como ministra de Relaciones Exteriores participó en temas relacionados con la política exterior colombiana y en la agenda bilateral con Estados Unidos, además de asuntos vinculados con el proceso del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Después de su paso por el Gobierno Nacional, Araújo ocupó otros cargos de responsabilidad en Bogotá. Fue secretaria de Integración Social y gerente de TransMilenio durante la administración distrital, además de desempeñarse posteriormente en diferentes actividades del sector privado y gremial.

En febrero de este año llegó a la Cámara Colombiana de la Infraestructura como presidenta ejecutiva. Desde allí se refirió a los retos que enfrentaba el sector y señaló la importancia de contar con un entorno jurídico que permitiera generar confianza y facilitar el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

Su salida de la CCI se produce pocos meses después de asumir esa responsabilidad. Durante su gestión había puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura y superar los retrasos en iniciativas estratégicas del país.

La nueva designación también devuelve a Araújo a un escenario diplomático que ya conoce. Su experiencia como canciller será uno de los antecedentes de su llegada a Washington, donde deberá representar los intereses de Colombia en una relación considerada estratégica para el país.

El nombramiento queda ahora encaminado hacia la formalización de su llegada a la embajada. Mientras tanto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura deberá establecer quién asumirá la dirección del gremio tras la salida de su actual presidenta ejecutiva.