El Gobierno de Gustavo Petro parece experto en montar espectáculos mediáticos y levantar cortinas de humo para distraer la atención pública. Un ejemplo reciente fue la solicitud del ministro de Minas y Energía, Palma, al presidente de Ecopetrol para que entregará un reporte detallado sobre la cantidad de gas natural consumido por las refinerías de la empresa durante 2025 y lo corrido de 2026.

Ese informe, conocido en febrero, confirmó lo que muchos advertían, la reposición de gas natural fue insuficiente para el país. Ecopetrol reportó un déficit de – 14,7 MBPE en 2025, una señal preocupante sobre la seguridad energética de Colombia.

Lo verdaderamente lamentable es que la empresa más importante de los colombianos se está debilitando aceleradamente bajo la ineficiente gestión de su actual presidente, Ricardo Roa. En apenas tres años, las utilidades netas de Ecopetrol han caído cerca de un 73%, mientras la acción pasó de $3.610 a cerca de $1.800.

Las consecuencias para el país son evidentes. Las transferencias al Estado fueron de $58 billones en 2023, pero cayeron a $40 billones en 2024, es decir, $17,9 billones menos.

El panorama se torna aún más oscuro si se consideran los cuestionamientos que rodean a Roa, sanciones en la Procuraduría General de la Nación y la reciente multa del Consejo Nacional Electoral por $5.900 millones, relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Pero más preocupante es que el Gobierno parece haber diseñado una ruta que debilita deliberadamente a Ecopetrol. Una de decisiones que más inquieta es la posible venta de la operación más rentable de la compañía, Permian, en Texas (Estados Unidos). Este activo representa cerca del 15% de la producción total de Ecopetrol, con aproximadamente 115.000 barriles diarios. Desprenderse de esa operación sería un error estratégico que afectaría gravemente la estabilidad financiera de la empresa.

Resulta paradójico que mientras el Gobierno colombiano insiste en su agenda ideológica contra los hidrocarburos, otros gobiernos de izquierda en la región avanzan en sentido contrario. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmado más de 150 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. En México, la presidenta ha anunciado la implementación del fracking como herramienta para fortalecer la producción energética.

Es evidente que la aversión ideológica contra el sector de hidrocarburos es una particularidad del gobierno Petro.

Este sí parece ser el gobierno del decrecimiento económico. No solo permitió que las utilidades netas de Ecopetrol cayeran de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, sino que además llevó al país a un déficit fiscal de 6,4 % del PIB y a un déficit primario de 3,5 % del PIB.

Colombia solo había registrado niveles de déficit similares en 1999 y durante la pandemia.

Se trata de un verdadero autogol a las finanzas públicas. Mientras el gasto del gobierno sigue aumentando, especialmente en burocracia, los ingresos prácticamente no crecen. Entre 2022 y 2025, el déficit primario aumentó 2,6 puntos del PIB, impulsado por un incremento del gasto primario de 2,7 puntos, mientras los ingresos se mantuvieron prácticamente estancados.

Los mercados ya empezaron a reaccionar. El mercado de deuda pública despertó de la “anestesia” generada por las operaciones de manejo de deuda, y las tasas de los TES han subido con fuerza, acercándose al 14 %.

La recuperación de Ecopetrol y de las finanzas del Estado será un enorme reto para los próximos años. La salida pasa por reactivar el sector energético, recuperar la confianza inversionista y fortalecer las alianzas público-privadas.

Porque la evidencia es clara: no existe mejor socio para el desarrollo de un país que el sector privado.

Juan Espinal….. marzo…2026

Son muchas las preocupaciones que hoy tienen los colombianos frente al desgobierno que ha generado un debilitamiento profundo de lo que funcionaba en el país. La incapacidad del presidente Petro para construir sobre lo construido ha deteriorado sectores estratégicos. El sistema de salud colapsó; la llamada “paz total” debilitó la seguridad y el orden público; y el capricho ideológico de convertirse en un líder ambiental a nivel mundial ha puesto en riesgo el sector energético del país. Este último es, sin duda, uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía.

El próximo presidente tendrá que tomar decisiones ágiles y audaces para evitar que el país se apague. Un apagón nacional sería una verdadera catástrofe para la economía, se paralizarían la industria y el comercio, se alteraría la vida cotidiana de millones de colombianos, y cada hora sin energía costaría cerca de 200 mil millones de pesos, según el Banco de la República.

Si Colombia se apaga por decisiones equivocadas del actual gobierno, cabe preguntarse, ¿cómo se recargarían los cerca de 80 millones de celulares que hay en el país? ¿Cómo operarían más de 450 mil tiendas, hospitales, escuelas, cámaras de seguridad, vehículos eléctricos y el Metro de Medellín, que moviliza a más de un millón de usuarios diarios en el Valle de Aburrá? La magnitud del impacto sería incalculable.

Una de las decisiones necesarias sería declarar una emergencia energética, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que los estados de emergencia permiten adoptar medidas excepcionales y temporales estrictamente necesarias para superar una grave perturbación del orden económico y social (por ejemplo, sentencias C-122 de 1997, C-216 de 2011, C-466 de 2017 y C-145 de 2020). Bajo este marco, el Gobierno podría declarar una emergencia económica con enfoque energético ante el riesgo cierto e inminente de desabastecimiento y pérdida de confiabilidad del sistema nacional.

En este contexto, y atendiendo el principio de proporcionalidad exigido por la Corte, se implementaría un sistema “fast track” para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, limitado a los primeros dos años de gobierno y exclusivamente para proyectos estratégicos de seguridad nacional en el sector minero-energético. Este esquema no eliminaría requisitos ambientales ni sociales; por el contrario, integraría trámites, reduciría duplicidades, establecería ventanillas únicas y armonizaría plazos perentorios, garantizando simultáneamente el respeto por los derechos fundamentales y la participación efectiva de las comunidades.

Asimismo, se propondría un régimen temporal de incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, sustentado en la doctrina de la Corte sobre la validez de los contratos de estabilidad en escenarios de interés público. El objetivo sería atraer un flujo masivo de inversión privada hacia proyectos estratégicos del sector minero-energético. Este régimen podría incluir aceleración de depreciaciones, deducciones especiales para inversiones en seguridad energética y beneficios para proyectos de suministro en firme y expansión minera responsable, siempre condicionados al cumplimiento de estándares ambientales y planes de relacionamiento social, con el fin de restablecer la seguridad energética nacional.

Solo con determinación, responsabilidad y voluntad política se podrá evitar que Colombia se apague.

Juan Espinal …. Febrero 2026

Cada vez que la lluvia arrecia, reaccionamos como si fuera inesperada. Como si el territorio nos sorprendiera. Como si la emergencia fuera una anomalía. No lo es.

Antioquia enfrenta una realidad objetiva en materia de riesgo climático. Entre 2019 y 2023 fue el segundo departamento con mayor número de eventos de desastres reportados por la UNGRD: 1.917 emergencias, el 93% asociadas a fenómenos naturales y climáticos. La tendencia, además, es creciente. si entre 2000 y 2010 se registraban en promedio 152 emergencias anuales, en la última década esa cifra se triplicó. Hoy hablamos de cerca de 650 eventos por año.

El fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 dejó casi34 mil personas damnificadas en Antioquia, más de 27 mil viviendas afectadas y 90 mil hectáreas de cultivos dañadas. Solo en 202, los costos estimados por pérdidas e impactos ascendieron a 67 mil millones de pesos. Y la contingencia actual vuelve a mostrar la magnitud del desafío: más de 7.000 personas afectadas, municipios en calamidad pública, miles de niños con escolaridad interrumpida, vías estratégicas bloqueadas, sectores productivos perdiendo millones de pesos cada día.

La pregunta no es si lloverá más. La pregunta es si estamos gobernando el riesgo o simplemente administrando la emergencia.

Porque el problema es la vulnerabilidad acumulada Es la falta de planeación territorial coherente con los mapas de riesgo. Es la inversión de infraestructura sin criterios robustos de resiliencia. Es la ausencia de sistemas de prevención suficientemente financiados. Las emergencias exigen recursos, por supuesto. También exigen rigor institucional. La Constitucional contempla la figura de emergencia económica como mecanismo excepcional y transitorio. Convertirla en instrumento de política pública erosiona la deliberación democrática y aumenta la incertidumbre regulatoria. Y cuando la respuesta descansa casi exclusivamente en ampliar cargas tributarias extraordinarias sobre el sector productivo, el país corre el riesgo de debilitar el mismo motor que necesita para financiar su recuperación.

El riego climático no es solo ambiental. Es fiscal, social y económico. La evidencia del Banco de la República advierte que las pérdidas asociadas al cambio climático podrían representar entre 2% y 8% del PIB nacional a finales de siglo, dependiendo de decisiones que adoptemos hoy. Esa cifra es una advertencia estructural.

Existen caminos distintos. Durante la pandemia y en múltiples contingencias regionales, la articulación público- privada demostró que es posible movilizar recursos, logística y conocimiento técnico con reglas claras y trazabilidad. Mecanismos como Obras por Impuestos y los fondos regionales de cofinanciación han probado que se puede ejecutar inversión social focalizada sin paralizar la actividad económica ni sacrificar estabilidad normativa.

Pero más allá de los instrumentos, lo que está en juego es el enfoque. Reducir vulnerabilidades, aumentar resiliencia y mejorar eficiencia del gasto público no son repuestas coyunturales; son tareas de largo plazo. Antes de ampliar cargas extraordinarias, el país necesita revisar la calidad del gasto, fortalecer capacidades institucionales y anticipar riesgos que ya conoce.

Las emergencias requieren liderazgo y cooperación. También prudencia fiscal e institucional. Atender la contingencia sin debilitar la capacidad productiva es posible se privilegiamos la corresponsabilidad, la eficiencia y la estabilidad de las reglas. Porque gobernar el futuro no es reacción a la tormenta. Es anticiparla.

Juliana Velásquez Rodríguez – presidenta ejecutiva Proantioquia……El Colombiano..febrero 2025