Colombia tiene 39 millones de hectáreas aptas para la agricultura. Siembra 5,5 millones. Usamos apenas el 14% de lo que la tierra nos ofrece. Tenemos una oportunidad con cara de mas de 30 millones de hectáreas. Tenemos también unos activos cada vez mas escasos: tierra, agua, clima, gente trabajadora y un mundo que cada año demanda más alimentos.

Y, sin embargo, importamos el 82% del maíz, el 95% de la soya y el 99% del trigo que consumimos. Más de la mitad de los productores no tiene título de su finca, el 83% no recibe asistencia técnica y casi nueve de cada diez nunca han solicitado un crédito. En Antioquia, la edad promedio de quien trabaja la tierra es de 57 años. El campo que alimenta al país sigue esperando que el país lo mire como motor y no como deuda.

Que lo mire con creatividad, impulso, prospectiva y decisión.

Eso puede cambiar. La agenda del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, apunta en la dirección correcta: sembrar 1,5 millones de nuevas hectáreas, formar a 70.000 jóvenes bachilleres rurales en Escuelas de Emprendimiento Rural, ofrecer crédito ágil y de largo plazo, y blindar jurídicamente la propiedad rural con reglas claras y un Código Agrario Único.

Esto último lo debemos entender como el gran punto de partida de la transformación: Sin seguridad jurídica sobre la tierra no hay crédito, no hay inversión, no hay futuro que se pueda planear. Un campesino con título es un empresario posible. Un inversionista con reglas claras es un aliado del territorio en el largo plazo. Y es que esta tierra llena de posibilidades necesita eso: reglas claras de largo plazo que habiliten transformaciones sostenidas, inversiones seguras y articulaciones público-privadas que garanticen que las políticas públicas trasciendan la administración de turno.

En la reciente visita del ministro a Proantioquia pasamos de las ideas a los compromisos. Con el Ministerio acordamos trabajar juntos en la seguridad jurídica de la tierra; agilizar los estudios para la primera zona franca agroindustrial del país, en Urabá; instalar allí CASA, un Centro de Atención de Servicios Agropecuarios que reunirá en un solo lugar al ICA, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, los bancos y los proveedores de insumos; y construir un plan de fomento para que Urabá crezca en plátano, banano, palma, frutas y granos.

Desde Proantioquia haremos el estudio de potencial para las nueve subregiones de Antioquia, con prioridad inicial en Urabá, y acompañaremos los centros de emprendimiento rural, porque ahí está el futuro de nuestra agroindustria.

No partimos de cero. Desde 2022, AgCenter, el hub de innovación agroalimentaria que nació con la Gobernación, la Universidad de Antioquia y Agrilink, ha lanzado más de 18 retos, conectado más de 70 startups y financiado más de 11 pilotos con empresas que jalonan las cadenas del cacao, el café, la leche y el plátano. Por eso, entre nuestras diez movidas para el Plan Nacional de Desarrollo, proponemos escalarlo como plataforma nacional. Hoy solo el 5% de los productores del país incorpora algún tipo de innovación. Ahí está la frontera por conquistar.

Fortalecer el agro es generar riqueza. Fortalecer el agro es ganar en soberanía alimentaria: producir lo que comemos. Fortalecer el agro es dignidad para los pequeños productores y oportunidad para las grandes industrias agropecuarias. Fortalecer el agro es desarrollo para las regiones que más lo esperan. Fortalecer el agro es bienestar para Colombia.

El campo no es el problema que hay que administrar. Es la solución que hemos tardado en ver.

Estamos listos. Si el agro crece, Colombia gana.

Juliana Velásquez Rodríguez…presidenta ejecutiva Proantioquia.. Septiembre

El miércoles pasado Medellín Cómo Vamos celebró veinte años. En el auditorio estaban casi todos los alcaldes que ha tenido la ciudad en dos décadas. Personas que han defendido visiones de ciudad distintas y que han competido por los mismos votos, se sentaron en el mismo salón para ver cómo ha cambiado la ciudad. Pocas ciudades en Colombia pueden reunir a quienes las han gobernado para mirar juntos sus cifras. Ese gesto dice mucho del programa y de la ciudad que lo ha sostenido.

Medellín Cómo Vamos nació en Proantioquia en 2006, de la mano de EAFIT, la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Medellín y El Colombiano, a los que luego se sumaron Comfama y Comfenalco. Hoy llega la Fundación SURA. En veinte años ha medido a seis administraciones con la misma vara. Ningún alcalde escogió los indicadores. Ninguno redactó preguntas de la encuesta. Ninguno decidió qué se publicaba. Y cuando una administración no entendió el valor de ser medida, el programa siguió midiendo y siguió publicando. Esa terquedad ha tenido costos. Cada uno de ellos ha valido la pena.

Los datos cuentan una historia que nadie puede reclamar para sí solo. La tasa de homicidios pasó de 194,8 por cada cien mil habitantes a 13,9. La pobreza monetaria bajó de 29,5% a 14,6%. Eso lo lograron gobiernos de orillas distintas, cada uno recibiendo una ciudad en marcha y entregando otra. Así se construyen las ciudades que perduran: por capas, reconociendo lo que se heredó y sembrando lo que otros van a cosechar.

Esos mismos datos nos enfrentan al espejo de los retos colectivos. De cada cien niños que empiezan transición, solo setenta llegan hasta grado once sin interrumpir el camino. Entre 2004 y 2024, los hogares propietarios pasaron de 61% a 48%. En el suroriente se gana hasta cinco veces lo que se gana en el nororiente, una brecha que casi no se mueve desde 2010. Hoy uno de cada cinco medellinenses es adulto mayor; hace veinte años era uno de cada diez. Y la principal preocupación de la gente dejó de ser el empleo para ser la salud. Ninguna de esas cifras tiene partido. La repitencia escolar no vota. El precio del arriendo no milita. Frente a un problema de ciudad hay quienes lo usan como argumento contra el adversario y hay quienes lo asumen como tarea de todos. Medellín ha avanzado cada que ha escogido valientemente lo segundo. Construir ciudad.

Por eso la independencia de Medellín Cómo Vamos es patrimonio de la ciudad entera. Se parece más a un acueducto que a una bandera: le sirve a todos y deja de servir el día en que alguien intenta quedarse con ella. Cuidarlo es responsabilidad de los aliados, de los gobiernos y de la ciudadanía, sobre todo en los momentos en que resulta tentador usarla a favor propio.

Medirse es de valientes. Quien se mide acepta que el resultado puede no gustarle, y decide mirarlo de todas maneras. Gracias a los alcaldes y a sus equipos, que entregaron su información aun sabiendo que podía incomodarlos. Gracias al equipo de Cómo Vamos y a su directora, Mónica Almonacid. Y gracias a los miles de ciudadanos que cada año responden la encuesta convencidos de que su percepción también cuenta.

Saber cómo vamos es saber hacia dónde vamos. Mirarnos al espejo de nuestros logros, retos y oportunidades, es garantía de futuro.

Juliana Velásquez Rodríguez…. presidenta ejecutiva Proantioquia..septiembre 2026.

El presidente Abelardo de la Espriella asumió el pasado 7 de agosto con un compromiso claro, anunciado desde Cali y consignado en su Plan de la Patria Milagro, reactivar la actividad petrolera y gasífera mediante nuevos contratos de exploración y avanzar con determinación en el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia.

Comparto plenamente ese propósito. Colombia necesita explorar, producir y recuperar su soberanía energética. Pero esa reactivación debe venir acompañada de un mensaje igualmente contundente para las comunidades: la riqueza que se genera en los territorios debe traducirse también en desarrollo, inversión y oportunidades para las regiones productoras.

Por eso hemos radicado un proyecto de ley sencillo, de apenas cinco artículos, pero con un enorme impacto regional. La propuesta busca que una parte de los recursos que las empresas de petróleo, gas y minería ya pagan al Estado llegue directamente a los municipios donde se desarrollan esas actividades.

Quiero subrayarlo, no estamos creando un nuevo impuesto, ni una nueva contribución, ni aumentando las cargas económicas sobre el sector minero-energético. Sería un error hacerlo en momentos en que Colombia necesita recuperar la inversión y la confianza. Estamos proponiendo distribuir territorialmente una parte de recursos que los operadores ya pagan y que actualmente son recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Cuando una empresa firma un contrato con el Estado colombiano para explorar o producir hidrocarburos, normalmente la ciudadanía piensa inmediatamente en las regalías. Sin embargo, existen otros derechos económicos asociados a estos contratos, entre ellos el canon superficiario y la participación en la producción.

El canon superficiario genera recursos desde etapas tempranas asociadas al área contratada. Por su parte, la Participación en la Producción, contemplada contractualmente como un derecho económico adicional, se genera cuando existe producción comercial. Son recursos que ya forman parte de las obligaciones económicas de los operadores.

Y las cifras demuestran que no estamos hablando de cantidades menores. Durante 2025, la ANH recaudó aproximadamente $109.970 millones por canon superficiario y $1,13 billones por Participación en la Producción. A su vez, la ANM recaudó cerca de $12.098 millones por concepto de canon superficiario minero. En conjunto, estos conceptos representaron aproximadamente $1,25 billones durante una sola vigencia.

Nuestra propuesta es sencilla, que una parte de esos recursos regrese directamente al territorio que contribuye a generarlos.

Para los contratos y títulos vigentes, el proyecto propone transferir a los municipios beneficiarios el 20 % de estos recaudos. Tomando como referencia las cifras de 2025, estaríamos hablando de aproximadamente $250.691 millones que podrían beneficiar a cerca de 505 municipios.

Pero queremos ir más allá con la nueva etapa de reactivación energética del país. Para los nuevos contratos que se suscriban bajo la vigencia de esta ley, la participación destinada directamente a los municipios sería del 30 %.

Ese porcentaje puede cambiar la relación entre las comunidades y los proyectos minero-energéticos. Los recursos llegarían directamente a las entidades territoriales beneficiarias, sin incorporarse al Sistema General de Regalías ni depender de la aprobación de los OCAD. Los alcaldes podrían incorporarlos a sus presupuestos de inversión y ejecutarlos de acuerdo con sus Planes de Desarrollo Territorial, priorizando necesidades esenciales como agua potable, saneamiento básico, salud, educación, vías terciarias y electrificación rural.

Esto es especialmente importante para los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde unos cuantos miles de millones de pesos adicionales pueden significar la construcción de un acueducto, la pavimentación de una vía rural, el mejoramiento de una escuela, infraestructura de salud o energía para una vereda.

Ahí está el verdadero sentido de la iniciativa: que las comunidades puedan ver y sentir los beneficios de la actividad productiva que ocurre en sus territorios.

Durante años hemos cometido un error. Llegamos a las regiones a hablarles de exploración, producción, reservas, barriles, regalías y seguridad energética, mientras muchas comunidades preguntan algo mucho más sencillo: ¿qué gana nuestro municipio?

La reactivación petrolera y gasífera que propone el presidente De la Espriella abre una oportunidad extraordinaria. Si Colombia vuelve a adjudicar áreas, suscribe nuevos contratos y avanza responsablemente en proyectos de yacimientos no convencionales, las comunidades productoras deben convertirse en protagonistas de esa nueva etapa.

Para un alcalde del Piedemonte Llanero, del Magdalena Medio, de la Costa Caribe o de cualquier región productora, esta propuesta significa algo concreto: con un nuevo contrato en su territorio no tendría que esperar necesariamente hasta que comience la producción comercial para empezar a percibir beneficios económicos. Desde las etapas iniciales, el canon superficiario podría comenzar a generar recursos para inversión local. Y cuando llegue la producción, el municipio recibiría directamente el porcentaje correspondiente de la Participación en la Producción.

Esto también ayudará a construir confianza. Las comunidades estarán más dispuestas a respaldar proyectos responsables cuando puedan comprobar que la actividad minero-energética se transforma en mejores vías, agua potable, colegios, hospitales, electrificación y oportunidades para sus habitantes.

Colombia necesita recuperar la inversión, aumentar sus reservas, producir más petróleo y gas y desarrollar responsablemente sus recursos naturales. Pero también necesita construir una relación diferente con las regiones que hacen posible esa riqueza.

La Patria Milagro que propuso el presidente De la Espriella también debe construirse desde los municipios productores. No podemos pedirles a las regiones que aporten durante décadas a la riqueza nacional sin garantizar que una parte de esos recursos se traduzca directamente en progreso para sus comunidades.

Son apenas cinco artículos, pero contienen un principio poderoso: donde se produce la riqueza, también debe sentirse el desarrollo.

Es hora de saldar esa deuda histórica con las regiones productoras.

Juan Espinal… Senador de la República ..septiembre 2026